Luego el escándalo por las escuchas al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, el Ministerio Público de Acusación (MPA) dio a conocer el nuevo protocolo para requerir y tramitar registros de audio en causas judiciales, el cual es más estricto que el anterior.
Si bien la resolución fue emitida por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, el 1° de noviembre, salió a la luz ahora a raíz de la polémica suscitada con Pullaro.
El nuevo protocolo se basa en que todas las solicitudes de intervenciones telefónicas deberán estar debidamente fundadas por el fiscal que lo requiere ante el juez en turno de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), según consignó Uno de Santa Fe.
Lo mismo ocurre con las interceptaciones de correspondencia y/o cualquier comunicación privada –incluidas las redes sociales– . Además, el fiscal deberá incluir los detalles de la causa y los datos de la persona investigada, y se deberá establecer el límite temporal sobre el cual se pedirá la interceptación del teléfono.
Por otro lado, los fiscales deberán aportar "cualquier otra información pertinente a los fines de que el tribunal decida sobre la medida", algo que hasta el momento no estaba fijado, y sobre lo que se puso en duda respecto a las escuchas a los involucrados en la causa por irregularidades en horas extras policiales.
Además se estableció que quien retirará los registros de audio de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de tribunales será algún personal del MPA para evitar filtraciones.