Este miércoles se llevó adelante una reunión conjunta de tres comisiones del Concejo Municipal para analizar la declaración de la Emergencia del Transporte Público (TUP), y allí se acordó que la misma dure dos años y no tres como pedía el Ejecutivo. También se establece un cambio de líneas y frecuencias.
Los ediles establecieron que la emergencia dure 24 meses, o hasta que se alcance con la recaudación el 55 por ciento del costo", o cuando "la relación pasajero/kilómetro tenga los valores de febrero del 2020", lo que ocurra primero.
En la normativa se encomienda al Departamento Ejecutivo a que "rediseñe el sistema público de transporte mediante la redefinición de líneas, frecuencias prestaciones necesarias, recorridos, ramales y paradas", entre otras cuestiones operativas, "que adapten el sistema de transporte a las nuevas necesidades originadas por la emergencia sanitaria, los cambios de prioridades y nuevas necesidades que de ella deriven".
Se determina asimismo la "renegociación de los contratos" para lo cual deberá tomarse en cuenta "la preservación de la calidad del servicio y el cumplimiento de los parámetros sanitarios; el interés de los usuarios y la accesibilidad y la seguridad del sistema".
También se "faculta al Departamento Ejecutivo, mientras dure el proceso de rediseño integral del sistema de transporte a adoptar las medidas extraordinarias y urgentes que resulten conducentes a superar la situación de emergencia declarada y garantizar la efectiva y regular prestación del servicio" y se expresa la adhesión a la ley provincial que declaró la emergencia en el transporte.
En el mismo sentido se faculta a la Intendencia a celebrar convenios con el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia y organizaciones vinculadas para "profundizar la articulación de todos los niveles de gobierno involucrados en la materia, optimizar el servicio y asegurar su regular continuidad".
Se crea también una comisión de seguimiento que estará conformada por el directorio del Ente de la Movilidad, tres concejales de la comisión de Servicios Públicos, un representante de cada una de las empresas prestatarias y uno de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). De igual modo se determina que el Ejecutivo deberá brindar un informe sobre la situación cada 90 días.
Tras dar despacho al mensaje, se espera que el mismo sea aprobado en la sesión de este jueves.