Todavía pendiente de aceptación de parte del gobernador, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, solicitó que Lifschitz no avale la renuncia del fiscal Fernando Rodrigo, acusado de intervenir ilegalmente el teléfono de su ex pareja y sus allegados.
El planteo que realizan los letrados se fundamentó en el interés de restringirle las chances de regresar a la función pública en el futuro, ya que con la renuncia al cargo se extinguiría cualquier posibilidad de sanción administrativa, más allá de la causa penal que sigue su curso.
"Aceptar la renuncia es permitir que el día de mañana pueda reingresar a la administración pública como si nada hubiese pasado, con solo tener los apoyos institucionales suficientes", mencionó la comisión directiva de la entidad, en comunicado difundido este jueves.
La asociación instó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) "que recomiende al gobernador el rechazo de la renuncia". Desde la Fiscalía apuntaron a que la causa penal alcanzaría para una inhabilitación, pero no se expresa por cuánto tiempo.
"Entendemos que la renuncia no es el camino jurídico adecuado. Busca dejar impune por sus acciones en la faz administrativa que le correspondería en caso de comprobarse un accionar irregular", precisaron.
El pedido también fue girado al Colegio de Abogados.