El fiscal Gustavo Ponce Asahad fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados a una banda implicada en casos de extorsión y juego clandestino. Recibió prisión preventiva por 90 días. Su colaborador, Nelson Ugolini, también fue imputado pero recibió libertad con restricciones.
La maratónica sesión comenzó a las 15:30 en el Centro de Justicia Penal, y de ella participaron los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Gisela Paolicelli, María Eugenia Iribarren, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. A ambos acusados se les atribuyó la comisión de delitos contra la administración pública, con la participación del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, con quien diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto era recibir dinero de Leonardo Peiti (ya imputado). A cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían construir delitos, y/o interferir en las investigaciones en curso para retardar u omitir dictámenes propios de su competencia, con objeto que no prosperen posibles imputaciones.
Entre los hechos que se les imputa se mencionó que desde marzo de 2019, Serjal acordó con Peiti que quien se encargaría de mantener el vínculo con él, a los fines de cumplir con el pacto acordado sería Ponce Asahad. El 14 de noviembre de 2019 Serjal se alojó en el Hotel Etoile de Presidente Roberto Ortiz al 1800 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con Pieti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar y el aumento de la misma. En cumplimiento de ese acuerdo el fiscal que investigaba casos de violación de cuarentena se encontró en distintas oportunidades para recibir el dinero acordado, y transmitir información relevante para cumplir dicho acuerdo.
Una de esas reuniones ocurrió el 9 de julio de 2020 a las 12:25, cuando el empresario del juego concurrió al Pasaje Rosales de Rosario y acordó con el funcionario que serian entregados u$s10 mil ese día por la tarde. Quedó acreditado que a las 18 de ese día se reunieron en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario de Dorrego 1251. En otras oportunidades se encontraron en Oroño esquina Mendoza. Además, Ponce Asahad también le había solicitado dinero para viajar a Italia, y para eso Peiti entregó dos de las "cuotas" mensuales en dólares y euros.
Otro hecho particular ocurrió el 16 de julio, cuando Serjal concurrió al Organismo de Investigación en el cual pudo observar un diagrama de la estructura que era objeto de investigación, y que tenia como sospechosa a una asociación ilícita integrada por varias persona,s entre las que se encontraba Alberto Torresi y Peiti. Al otro día concurrieron a ese lugar Ponce Asahad y Serjal y se impusieron ambos ante la investigación sugiriendo reiteradamente el fiscal regional que Peiti era una victima.
Además, Ponce Asahad le informó al imputado de la existencia de esa investigación que lo tenia como sospechoso y le advirtió sobre posibles intervenciones de comunicaciones, aconsejando que cambiara y rompiera el teléfono, algo que este hizo. También le pidió u$s100 mil para evitar que prosperara la investigación en su contra.
Por su parte, a Ugolini se le atribuye haber transmitido información a Peiti sobre causas en trámite en el MPA que resultaban de interés para el cumplimiento del acuerdo, como por ejemplo la detención de dos personas armadas de su banda. También le pasó datos sobre domicilios que serían allanados en los cuales funcionarían salas de juego clandestino. A esa fecha el fiscal tenia a su cargo la oficina de Trámite de solicitudes jurisdiccionales acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción de ejecución penal del MPA.
A ambos imputados se les atribuyó en cumplimiento del plan común pergeñado, haber omitido actos propios de sus funciones que debían realizar conforme el cargo y la función que ostentaban. A sabiendas de que Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona en los que Maximiliano Díaz (ya imputado) y/o allegados a él le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo a él o a su familia, los imputados no iniciaron una investigación penal y no dieron aviso a las autoridades a cargo de la investigación de los delitos, con el fin de obtener el dinero de forma ilícita.
La Jueza de Primera Instancia, Eleonora Verón, tuvo por formalizada audiencia imputativa y dictó a Nelson U. la libertad con restricciones por el plazo de 90 días; fijar domicilio, firma semanal ante la OGJ y una caución de $4982 dólares a depositar en cuenta judicial; y a Ponce Asahad la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.