Cuatro mujeres que habían iniciado un amparo en los Tribunales deberán ser recontratadas por la empresa estatal de colectivos Movi luego de que se conociera un fallo que da tres días de plazo para hacer efectiva la reincorporación desde el momento en que fue comunicada la sentencia.
La novedad fue difundida este lunes y beneficia a Natalia Verónica Munafo, María Etelvina Álvarez, Alejandra Isabel Avendaño y Silvina Ada Moreno, quienes luego de pasar los exámenes de rigor exigidos para poder conducir colectivos, habían sido contratadas para cubrir licencias por vacaciones, pero no fueron incorporadas a planta permanente con posterioridad, a pesar de haber existido 19 vacantes, las que fueron ocupadas, en su totalidad, por hombres pese a que la ordenanza 7981 de 2006 ya obligaba a cubrir "...en forma igualitaria entre mujeres y varones, garantizando el ingreso de una mujer por cada dos puestos a cubrir".
El comunicado difundido por el Poder Judicial indica que al momento de dictar la sentencia definitiva, la jueza Paula Calace Vigo, titular del Juzgado Laboral N° 10 entendió comprobada la discriminación por género denunciada por las trabajadoras, no sólo por el incumplimiento a la normativa estatal de 2006 tendiente a garantizar la "igualdad real de oportunidades", sino debido a que la empresa tampoco ofreció prueba alguna que desacreditase la idoneidad de las cuatro mujeres que ya se habían desempeñado como choferes de la empresa.
Así, la magistrada puso de relieve a lo largo del fallo, las 6 etapas que debieron atravesar las actoras a los fines de acreditar idoneidad para el puesto de chofer, como así mismo la normativa constitucional y supralegal conculcada en el caso. El reclamo fue iniciado el 30 de abril pasado a través de una acción de amparo individual y colectivo d elas cuatro mujeres.
Para reforzar la condena a otorgar la incorporación inmediata a los puestos de trabajo de las afectadas, el pronunciamiento hizo particular énfasis en que Rosario tenía normativa de avanzada a diferencia de otras jurisdicciones del país, donde los jueces tuvieron que sustituir esa omisión legislativa. Por último, la jueza concedió una compensación dineraria a cada amparista por haber sido víctima de violencia de género, en virtud del manifiesto incumplimiento a la legislación.