A poco más de diez años de haber sido detenido por su actividad como policía durante la última dictadura militar, este sábado falleció Carlos Ulpiano Altamirano, uno de los miembros del grupo de tareas de la fuerza provincial que tenía su base en San Lorenzo y Dorrego.
A los 67 años, el ex integrante del Servicio de Informaciones (SI) cumplía prisión perpetua por diferentes delitos de lesa humanidad investigados en el marco de la megacausa Feced. Sin embargo, se encontraba bajo arresto domiciliario en Roldán, beneficio al que también accedieron otros uniformados y civiles involucrados en dichos procesos.
En octubre de 2014, "Caramelo" fue declarado culpable como responsable directo del asesinato de un militante y también por el crimen de otros dos hermanos peruanos vinculados al caso ocurrido en diciembre de 1978. La sanción que recibió fue la más alta en el cierre de la primera etapa del expediente que se desprendió de la causa Díaz Bessone. El veredicto incluyó penas de entre ocho y 22 años de cárcel en octubre de 2014 para otros ocho acusados y un solo absuelto.
Altamirano se encontraba alojado en una vivienda de Roldán mientras se tramitaba en los Tribunales Federales otro juicio que lo tenía como imputado por su rol como parte de las fuerzas de seguridad durante el último gobierno de facto. Las audiencias se reanudaron este año después de un inicio con múltiples postergaciones en 2018 y la muerte de Eugenio Zitelli, el capellán policial que no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por delitos como privación ilegítima de la libertad, aplicación de condiciones tormentosas y asociación ilícita.
Sentenciado a carcel perpetua por secuestros, torturas y homicidio triplemente calificado por alevosía, Carlos Ulpiano Altamirano falleció en prisión domiciliaria gracias a este gobierno pro impunudad de los genocidas. Fue juzgado por un tribunal y condenado por el pueblo. pic.twitter.com/syuiW0bnkS
— Juane Basso (@juanebasso) June 30, 2019
Fotografía: Andrés Macera.