Luego de haber superado algunos conflictos en el pasado reciente, la fábrica Vassalli Fabril SA vuelve a estar en una situación comprometida en este contexto de crisis y desde la firma reducirán las jornadas laborales como hizo tiempo atrás para evitar el cierre.
Este martes hubo una nueva reunión con la ministra de Producción, Alicia Ciciliani, a quien se le pidió una "urgente intervención de la provincia para garantizar el sostenimiento de la fábrica y los puestos de trabajo".
Si bien las expectativas de crecimiento planteadas algunos meses atrás resultaron tranquilizadoras el clima ya no es el mismo por la caída de las ventas de la emblemática industria de cosechadoras firmatense.
A raíz de esto y con el propósito de sobrellevar esta situación de crisis se decidió reducir las jornadas de trabajo de ocho a seis horas a partir del próximo mes, según confirmó el secretario general de la seccional firmatense de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Diego Romero.
El gremialista dijo que la medida fue aceptada en asamblea por los trabajadores, que se mostraron en sintonía con la postura asumida por el sindicato desde que la conducción de la firma volvió a manos de Mariana Vassalli, tras la experiencia de haber dejado la empresa en manos de un grupo de concesionarios que tuvo una salida conflictiva.
Aún la medida no fue confirmada ya que todavía debe homologarse en el Ministerio de Trabajo. Romero detalló que la firma se comprometió a pagar las horas trabajadas y seguir destinando lo que recibe del Estado a través del programa Repro, lo que representa unos 3.500 pesos por trabajador cuyo monto es calificado como "insuficiente".
Por lo pronto, este martes en el cónclave entre el intendente de Firmat, Leonel Maximino, la ministra provincial de Producción y representantes de la empresa y del gremio metalúrgico analizaron la situación para encontrar soluciones al crítico momento en el que se encuentra la empresa.
Durante el encuentro desarrollado en Rosario se reclamó "la urgente intervención de la provincia para garantizar el sostenimiento de la fábrica y los puestos de trabajo", precisó a La Capital el abogado de la UOM, Pablo Cerra. Y fue aún más contundente al sostener que se exigió a la provincia "que el tema sea tomado como una política de Estado".