En la mañana del día de hoy se allanó la residencia de la intendenta de Enrique Urien, Liliana Pascua, acusada de malversación de caudales públicos con enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de dinero y evasión agravada. El operativo fue encabezado por los fiscales provinciales Sergio Ríos, Silvana Rinaldi y Gisela Oñuk.
Entre los hechos denunciados por el diputado Alejandro Aradas, está la ocupación de viviendas originalmente destinadas a nativos en la localidad de La Virtuela, víctimas de un tornado que devastó la zona en 2013. Es así que las casas fueron relocalizadas a Urien y repartidas entre la misma Liliana Pascua, sus familiares y la ex presidenta del Consejo Deliberante.
Las edificaciones, además, fueron realizadas de forma distinta a lo que el plan indicaba, por lo cual presentan elementos que encarecieron el proyecto. La casa entregada a Pascua, por ejemplo, tiene dos pisos.
En su acusación, el diputado cuestiona cómo la intendenta de un municipio como Urien puede lograr la suma necesaria para construir las viviendas en tan poco tiempo, cuando ella tenía un salario de $90.000.
A la denuncia se suman los testimonios de Bruno Emanuel Ayala y Fabían Paulino Domínguez. El primero aseguró que habían facturas a su nombre por labores de gran escala que, según cuenta, jamás lo involucraron, por lo cual presentó las copias de 10 facturas al parecer apócrifas que suman más de $450.000.
Por su parte, Domínguez, quien es exsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Enrique Urien, renunció a su cargo al ver las anomalías fiscales sucedidas en la localidad, e indicó que habrían facturas por más de dos millones de pesos adjudicadas a “El Constructor”, una cooperativa que él afirma que jamás trabajó en el municipio.