Para la ONG ambientalista Greenpeace no sería casual que las provincias que concentran el 80% de la deforestación en la Argentina sean las más afectadas por las inundaciones. Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de la organización apuntó contra el gobierno de Chaco como "principal responsable" por violar la Ley de Bosques.
La provincia actualmente tiene 2.451 evacuados y de acuerdo con la ONG es también en la que más bosques se destruyeron durante los últimos tres años. "Más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques", indicó Cruz. Greenpeace advirtió que las inundaciones que sufren también Formosa y Corrientes junto al Chaco se deben a la destrucción de bosques nativos, ya que son "nuestra esponja natural". A esto se suma la transformación agropecuaria y el aumento de las precipitaciones por el cambio climático.
La vocera afirmó que "esto continuará, los campos son cada vez más permeables y no bastarán inversiones millonarias para volver a restaurar el equilibrio del suelo". Cruz especificó que la fragilidad ambiental de los suelos desmontados colapsarían y las lluvias "son el denominador común de estas provincias", que además complican la situación al destruir de manera ilegal bosques protegidos.
En tres años, Chaco destruyó más de la mitad de sus bosques protegidos por ley, 54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas. Si bien, Greenpeace denunció la complicidad entre el gobierno provincial y empresarios agropecuarios para deforestar en zonas prohibidas, la situación se mantiene. Sin embargo, la presión pública llevó al gobernador Domingo Peppo a emitir en enero, el decreto 298/19 para derogar la normativa que permitía autorizar desmontes sobre bosques nativos protegidos.
De todas formas, se han detectado por medio de imágenes satelitales que los desmontes continuaron. "Pese a que la sociedad se moviliza en defensa de los bosques, los desmontes ilegales ordenados impunemente por el gobernador Peppo no se detienen", aseguró Cruz. Un ejemplo de esto sería el establecimiento Monterrey, cerca del Parque Nacional Copo, "ahora mis mismo se están arrasando más de dos mil hectáreas protegidas por ley", relató la coordinadora.
"Es necesario que se detengan estos crímenes ambientales y también es necesario no perder de vista quién es el responsable. En Chaco, emergencia hídrica equivale a emergencia forestal", cerró la delegada de la ONG.
