El Juzgado Penal Multifueros, a cargo de la jueza Rosalía Zózzoli, otorgó este martes, el beneficio de la prisión domiciliaria al ex secretario de la Gobernación, Horacio Rey, y al ex subsecretario de Políticas Comunicacionales, Paulo Butticé, haciendo lugar a un pedido de los abogados de estos ex funcionarios. Ambos, siguen imputados por el delito de desvío de fondos públicos por más 60 millones de pesos del presupuesto de publicidad oficial durante la gestión de Domingo Peppo.
De esta manera, la jueza Zózzoli, quien ya estuvo involucrado en otros casos polémicos permitió morigerar la situación de encarcelamiento que tenían ambos ex funcionarios, de absoluta confianza con el ex gobernador y hoy embajador en Paraguay, Domingo Peppo. Para llegar a esta decisión, la magistrada previamente desestimó el pedido original de cese de la prisión preventiva de ambos exfuncionarios, en el marco de la causa en la que se encuentran imputados por varios delitos contra la administración pública. En sus fundamentos, se indicó que “los dos exfuncionarios ya superaron los dos años en prisión preventiva -que establece como tiempo máximo el Código Procesal Penal- y que aún está pendiente de resolución la prórroga de la detención por un año más por parte de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia”.
Vale recordar que Rey también se encuentra procesado en el fuero federal acusado por lavado de dinero y que el pasado 18 de febrero logró que la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, haga lugar al pedido de prisión domiciliaria. Por esto, la decisión judicial fue transmitida a la Unidad Regional del Norte U7 de Resistencia, donde estaba alojado Rey y al Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco, pues Butticé estaba alojado en la Comisaría de la Isla del cerrito.
En uno de los aspectos más llamativos de la resolución, la jueza Zózzoli, les solicita a,os beneficiarios que cumplan con cuatro aspectos: 1) la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar el desarrollo de la presente causa; 2) la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de la Dirección de Servicio Social del Poder Judicial del Chaco; 3) Lla prohibición de salir del país; y 4) la retención de documentos de viaje.