Niremperger, en la resolución que trascendió hoy, procesó a la exfuncionaria nacional "Por considerarla prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 del Código Penal, en calidad de autora 0. 45 CP.)" y la embargó "Sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos". Esto se dio en el marco de la investigación por presunta defraudación contra la administración pública cuando cumplía funciones en la Nación. Además, le trabó un embargo por un millón de pesos.
Además, la jueza procesó y embargó por la misma suma de dinero a sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva, Miguel Ángel Vilte y al empresario Claudio Tolosa. Estos procesamientos fueron justificados por la investigación de supuestas maniobras que se habrían realizado cuando Ayala se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación entre 2015 y 2017.
Se agregaron a los procesados, sin prisión preventiva, Balmaceda Paiva, Vilte y Tolosa por considerarlos “Penalmente responsables del delito fraude en perjuicio de la administración pública”. Asimismo, los tres fueron embargados por la suma de un millón de pesos. La causa nació en mayo de 2018 cuando la Justicia Federal ordenó allanar una oficina de Matías Balamceda, exyerno de Ayala.
La denuncia la había hecho el propio intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, donde contó que Ayala, en su rol de secretaria nacional, “Bajaba fondos a diferentes localidades con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”. “Uno de esos locales se llama Chaco Service, donde en el domicilio declarado en realidad funciona un local de service de aires acondicionados”.
Durante abril de este año, el fiscal federal, Patricio Sabadini, pidió la indagatoria de la actual diputada nacional, teniendo en cuenta que "Ha quedado acreditado que bajo dirección de la Aída Ayala, quien se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales -del Ministerio del Interior de la Nación-, se efectuaron maniobras direccionadas a la compra y contrato cuyo proveedor en todos los casos ha sido el Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los elementos adquiridos, que ello ha sido efectuado mediante las firmas de Convenios entre la Municipalidad de Quitilipi y la Secretaría de Asuntos Municipales, dirigida en ese momento por la Sra. Ayala”.
La hipótesis que maneja la justicia, detallada en la actuación, es que "Se habría diseñado un plan metódico, que habría requerido para su concreción: que desde el municipio de Quitilipi se tome la decisión administrativa de obviar el proceso de licitación requerido por la normativa específica en relación al monto del financiamiento; que la autoridad máxima de dicha comuna, al haber optado por el sistema de contratación directa, se incline por realizar la compra del supuesto destinatario predilecto por parte de quienes habrían esquematizado el plan de acción; que por medio de la municipalidad de mención se inicien las actuaciones administrativas necesarias para solicitar el financiamiento, aportando a su vez el presupuesto presuntamente cargado con sobreprecios a las autoridades de la Secretaría de Asuntos Municipales; que los fondos emitidos por Nación ingresen al erario municipal".