El nordeste argentino exhibe un marcado interés por la criptomonedas e incluso en esta región se dictó el primer fallo de “cripto-fraude” del país. En ese contexto, una investigación de la UNNE analiza aspectos normativos de las monedas digitales y de la tecnología “blockchain” que la respalda y que posibilita otras numerosas aplicaciones además de la monetaria.
La tecnología de criptografía al principio sólo se centró en el sector monetario y como reemplazo de la moneda fiduciaria tradicional, siendo el BITCOIN su principal exponente. Pero esta tecnología rápidamente se extendió a otros sectores como el de gobierno, bancario o de bases de datos, para luego inundar prácticamente cualquier aspecto de la vida moderna.
La tecnología que hizo posible todos estos avances fue “BLOCKCHAIN”, que es una tecnología de certificación descentralizada y auditable de la cadena de bloques, una especie de gran libro contable en el cuál sus asientos se dan de manera concatenada y continua sin posibilidad de retracción o modificación posterior. Es a su vez inviolable y su robustez crece a medida que la cantidad de usuarios, que la utilizan para transferencia de sus datos, se incrementa. En Argentina el conocimiento de la sociedad respecto a estas tecnologías de encriptación digital se consolida progresivamente, aunque en el campo del derecho la tecnología “BLOCKCHAIN”, y más aún de criptomonedas, es algo relativamente nuevo y aún en desarrollo.
En ese sentido, desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Política de la UNNE, un grupo de investigación puso en marcha un proyecto para estudiar aspectos normativos de estas tecnologías, aunque también para conocer aspectos generales de las mismas, debido a que son escasos los estudios desde la ciencia sobre el tema en el país. La decisión de implementar la investigación desde la UNNE se centra además en un enfoque regional, debido a que el nordeste argentino representa una zona del país con un marcado interés por las tecnologías mencionadas, según explican el abogado Facundo Barrios y la doctora Dora Ayala, integrante y directora del grupo de investigación “Deodoro Roca” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Política de la UNNE, respectivamente.
Para graficar, explicaron que el NEA tiene uno de los indicadores más altos de transacciones con criptomonedas en el país, siendo que a su vez Argentina se encuentra en la posición 17º del ranking mundial de descargas de Bitcoin y 3° entre los países de habla hispana, detrás de España y Colombia. Además las provincias de Corrientes, Formosa y Chaco superan a la media nacional de búsquedas diarias en la plataforma Google sobre información de criptomonedas, siendo Formosa la tercer provincia de mayores búsquedas en el país, indicando que este fenómeno no se centra sólo en la región metropolitana de Buenos Aires u otras zonas de mayor importancia económica del país.
“Esto demuestra que la penetración de mercado de este tipo de activos es considerablemente alta en la región que nos ocupa, y valiosa para considerar su inclusión dentro del esquema nacional de regulación de divisas y otros bienes de intercambio” explicó el abogado Barrios. Destacó que en Argentina la jurisprudencia en derecho sobre el tema todavía es incipiente y escasa, así como la doctrina al respecto y en consecuencia los pocos fallos de los jueces nacionales todavía muestran cierta inconsistencia.
Una particularidad en este aspecto es que el primer fallo sobre “cripto-fruade” del país fue dictado en la provincia de Chaco, en el cual se dispuso la primera condena por la “apropiación” de criptomonedas en la República Argentina con fecha del 21 de noviembre de 2018. “Esta decisión presenta una correcta aplicación del Derecho a nuestro criterio, pero con lagunas de carácter técnicos en los fundamentos” expresó el investigador. Sostuvo que uno de los desafíos a la hora de afrontar un caso de este tipo tiene que ver con la multiplicidad de jurisdicciones que pueden estar envueltas en el caso en concreto ya que es difícil, muchas veces, constatar el lugar de las transacciones o la nacionalidad de los contratantes, aspecto que hace complejo el tratamiento legislativo y protectorio de normas a la hora de legislar al respecto o bien decidir en un fallo.
Desde un punto de vista meramente legislativo, en Argentina no se estipula una norma expresa de qué será considerado criptodivisa o activo digital, ni tampoco se da marco jurídico a su funcionamiento, ni se hace referencia a sus cualidades o qué tipos de negocios jurídicos pueden darse por su intermedio. Sólo existe una regulación de carácter tributaria, donde se establece que los criptoactivos deberán estar sujetos a las percepciones de Ganancias personales y patrimoniales que el estado imponga, asemejándolos a los títulos valores de nuestro sistema financiero a los efectos de esa ley. Por su parte el Banco Central de la República Argentina determinó que las criptomonedas carecen de respaldo en el país y no son controladas por ningún banco central de algún país del mundo, por lo tanto considera que no pueden ser tenidas como un instrumento de valor o divisa.
“Como se puede corroborar, es un tema incipiente en el aspecto regulatorio, por lo cual es nuestra intención como equipo de investigación hacer un aporte desde el punto de vista teórico, pero aportar también a la generación de conocimiento que posibilite una mayor expansión de esta tecnología en el país y la región” consideró la doctora Ayala. En esa línea, comentó que con el objetivo de aprovechar la tecnología “blockhain”, recientemente presentaron al sector productivo de Corrientes una propuesta para usar dicha tecnología como herramienta de trazabilidad del proceso ganadero y poder así lograr el ingreso a mercados externos.
Sostuvo que la intención es consolidar la línea de investigación con otros enfoques que posibiliten un abordaje integral de la temática dada la magnitud de las tecnologías mencionadas. “Las criptomonedas y el blockhain representan algo relativamente nuevo y aún en desarrollo, sobre todo en aspectos que hacen a la interpretación y aplicación de normas que la regulen, por lo que cuanta más información se genere sobre el tema más se contribuirá a que la sociedad opte por estas nuevas herramientas” finalizó el abogado Barrios.