Adrian Gerbaudo
El Concejo Municipal de Rafaela aprobó por unanimidad este viernes una prórroga por 90 días de la emergencia en seguridad. Igualmente, la oposición marcó que dentro de tres meses se debería revisar si se continúa o no esta facultad extraordinaria.
Jorge Muriel (PJ) indicó que la ordenanza está vigente desde 2019 y vencía el 7 de febrero. “La emergencia en seguridad sigue teniendo vital importancia. La prórroga estaba planteada para un año, y le dimos sólo 90 días más, para atender las medidas que está tomando el gobierno provincia”, como instalación de cámaras y otras cuestiones tecnológicas.
Por su parte, Lisandro Mársico (PDP) advirtió que “podemos entrar en una normalidad de la emergencia. Agilizar el proceso administrativo, no quiere decir que el problema de inseguridad que viven los rafaelinos esté solucionado. También es una manifestación política ante una coyuntura que en materia de seguridad es preocupante. No hay menos delitos en la ciudad de Rafaela. Quizás deberíamos salir de la emergencia en el próximo vencimiento y volver a los controles administrativos previos, porque hoy los proveedores trabajan normalmente”
Por su parte, Juan Senn (PJ), “no quiero que cuando Maxi (por Postovit, el secretario de Prevención en Seguridad) se reúna con los vecinos, le tenga que decir que, por una cuestión burocrática, no le pueden dar respuesta”.
María Alejandra Sagardoy (UCR) replicó que de ninguna manera se busca impedir una respuesta. De hecho, aclaró que no hay falta de trasparencia en todo este proceso. Recordemos que tanto ella como Marta Pascual son las veedoras de todo el proceso extraordinario.
Por otra parte, también modificaron el presupuesto 2020 para incluir las partidas para la expropiación de los exAlmacenes Ripamonti e incluir los fondos nacionales para obras de infraestructura en el área industrial, por unos 60 millones de pesos.
Respecto a la expropiación, todos coincidieron en el hecho de que se haya expropiado. Incluso, claramente se apartaron de la mirada que tuvo Leonardo Viotti (junto a Raúl Bonino y Germán Bottero, ausentes con aviso), quien había criticado el uso de 100 millones de pesos para este tema y no destinarlos a la salud. Todos coincidieron en la importancia de que haya pasado a manos del Estado.
También se anotó a Rafaela en el “Plan Incluir”, que reemplaza al Plan Abre. Tanto oficialismo como oposición propusieron que el Concejo Municipal sea notificado de programas, proyectos y obras.