Adrian Gerbaudo
El juez federal Reinaldo Rodriguez aceptó el pedido del fiscal federal Gustavo Onel (ambos de Santa Fe, pero subrogando cargos en la Justicia Federal de Rafaela), para que se declare la incompetencia de esta jurisdicción y se remita todo lo actuado al Ministerio Público de la Acusación provincial, a fin de continuar con la investigación ante la posible comisión de un delito en la fábrica de baterías Nesaglo. Lo que se busca saber si hubo contaminación con plomo. Se estima que, producto de ello, hubo 21 personas intoxicadas, falleciendo una menor, a comienzos de este año.
El predio de la ex fábrica de baterías Nesaglo S.A está “en estado de abandono”, desde hace tres años. Unos meses después, ingresó un grupo de personas y comenzó a vivir en el lugar. Más tarde, comenzaron las consecuencias en su estado de salud. Xiomara Crespín, de 2 años, falleció luego de estar internada en el Hospital de Niños “Orlando Allassia” de Santa Fe.
Onel basó la intervención de la Justicia Federal en que “inicialmente no se contaba con elementos suficientes para descartar la hipótesis de una posible contaminación del agua de la ciudad de Ceres, y en consecuencia, debido a las cercanías con la localidad de Selva, Provincia de Santiago del Estero, de una afectación interjurisdiccional de dicho recurso”.
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Pero, un informe realizado por el Departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina acreditó el daño ambiental y lo circunscribió en el predio de la fábrica de baterías, en Ceres, capital del departamento San Cristóbal.
Además, entienden que los funcionarios afectados deberían ser provinciales y no federales. Recordemos que, en septiembre pasado, indagaron a María Mabel Ucero, subdirectora de auditorías ambientales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe. También a Norma Inés Orellano de la firma Cerplac SRL (Nesaglo S.A.)