Adrian Gerbaudo
Un fuerte contrapunto institucional se desató esta semana entre un grupo de senadores provinciales del peronismo y un fiscal de la Región V del Ministerio Público de la Acusación. Los legisladores cuestionaron el accionar y pidieron que se revise su accionar y la Asociación de Fiscales salió a manifestar su "desacuerdo".
El miércoles pasado, se conoció que Joaquín Gramajo (9 de Julio), Rubén Pirola (Las Colonias), José Baucero (San Javier), Armando Traferri (San Lorenzo), Osvaldo Sosa (Vera) y Guillermo Cornaglia (Belgrano) enviaron una nota formal a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa pidiendo su "atención" por la “actuación del fiscal Martín Castellano". Citan "medios periodísticos" (diario Castellanos de Rafaela y La Capital de Rosario) que refieren a la "inacción en una causa del año 2017 radicada por casinos clandestinos”.
Todo tiene origen en la detención de David "El Gordo" Perona. El rafaelino fue imputado como participante de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino y fue detenido el pasado 7 de agosto en Rafaela, por fiscales de Rosario. Este viernes le dictaron la prisión preventiva.
Mientras este reclamo ocurría. el fiscal Martín Castellano ordenaba la detención de 9 personas y 11 allanamientos. De los ocho capturados, tres seguirán en prisión hasta el próximo 18 de noviembre, en virtud de ser acusados como responsables de "aprietes" para conseguir el pago de deudas vinculadas, también, al juego clandestino. Aunque, en principio, Perona no está relacionado.
“En virtud de lo precedentemente expuesto se torna imprescindible que esta Comisión de Acuerdos solicite a la Auditoría General de Gestión y al Fiscal General que remitan las actuaciones referidas a los controles preventivos previstos en el ordenamiento jurídico que se hayan implementado en la Fiscalía Regional de Rafaela y sus resultados, así como también copia de todas las tramitaciones internas efectuadas oportunamente vinculadas al caso”, dicen los senadores. Agregan que el objetivo es “evaluar si corresponde la iniciación del procedimiento establecido para el juzgamiento de fiscales por mal desempeño funcional o institucional o comisión de delito doloso, conforme lo establecido en el artículo 62 bis de la Ley 13.013 y modificatorias”.
"Desacuerdo"
La Comisión Directiva de la Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe emitió un comunicado marcando su "desacuerdo" con el pedido de la revisión de lo hecho por Martín Castellano.
"Una vez más, expresamos nuestro rechazo al sistema disciplinario que establecido a partir de las Modificaciones de la Ley 13.013, por medio del cuál se ha dispuesto que sea la Legislatura el órgano encargado de juzgar y aplicar sanciones a las y los Fiscales y Fiscales Adjuntas/os del MPA. Reiteramos que este sistema conspira contra la autonomía de la Fiscalía y genera enormes trabas para que las y los fiscales puedan llevar investigaciones con garantías de independencia suficientes", afirman y agregan que "No obstante, esta acción va más allá, ya no se trata de juzgar ante denuncias concretas, sino de asumir facultades de supervisión, propias de las autoridades del MPA, orientadas a 'ver qué está haciendo' un Fiscal del MPA, utilizando como base para la toma de decisiones 'trascendidos'”.
"Quizás la determinación de acciones y políticas institucionales sobre la base de trascendidos y notas periodísticas sea una técnica adecuada para la planificación y ejecución de la labor legislativa", dicen los fiscal y concluyen diciendo: "Pero estamos convencidos que no es el medio idóneo para evaluar el desempeño de las y los fiscales del MPA".