Redacción Vía Punta Alta
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca confirmó la resolución de la Justicia de Garantías y envió a juicio la causa contra dos policías de Punta Alta acusados de exigirle coimas a un colega a cambio de no entorpecer su trabajo paralelo como repartidor.
La medida recayó en Pablo Martín Lacaze y Maximiliano Ezequiel Doreste, quienes fueron detenidos hace poco más de un año.
Tal como publican los colegas de la Nueva, para los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou, de la Sala I, Lacaze y Doreste consumaron el delito de extorsión. Por ese motivo confirmaron la resolución de la jueza de Garantías Marisa Promé y Lacaze y Doreste responderán, en principio, por el delito de extorsión que, según el artículo 168 del Código Penal, prevé penas de 5 a 10 años de prisión.
Los mantuvieron a los dos con prisión preventiva porque se entendió que existían riesgos procesales, teniendo en cuenta que si son condenados recibirían penas de efectivo cumplimiento.
“Deben valorarse las particulares y graves características del hecho enrostrado fundado en un actuar conjunto de personal policial armado, aprovechando el ‘contexto’ que conlleva el uso del uniforme y de la institución a la que pertenecen que justamente tiene la finalidad contraria a la conducta desarrollada, con el consiguiente descrédito social que eso produce, y que tantas veces parece ensombrecer el accionar legal y ajustado a derecho del resto del personal policial provincial”, explicó la Cámara.
Hecho
Todo comenzó el 14 de octubre de 2020, cuando uno de los policías se reunió con el agente, quien en sus horas libres se dedicaba a la cadetería, en la intersección de las calles Alvear y Saavedra para tener una charla.
En esa circunstancia, el imputado le manifestó a la víctima que si quería seguir vendiendo y trabajando tenía que entregarle el dinero, que luego era dividido entre sus compañeros, jefe y director sino “lo iban a partir”, habiendo coordinado para ese mismo día a las 20 horas, la primera entrega de dinero.
El damnificado grabó un audio, donde el oficial Pablo Lacaze le exigía el pago mensual para “no pararlo, identificarlo y demorarlo”.
La víctima realizó la denuncia y se ordenó llevar a cabo un operativo con Policía Federal para lograr la detención de las personas vinculadas con el hecho delictivo.
En su poder se les había secuestrado cinco fajos de billetes en bultos de mil pesos. Además incautaron el CPU del Gabinete Técnico Operativo y cuatro teléfonos celulares de los efectivos que prestaban servicio en la Comisaría local.
Las defensas de los acusados atacaron la validez del procedimiento, la falta de firmas en un acta y otras situaciones que fueron rechazadas por la Justicia.