"La intervención a una empresa privada como la anunciada por el gobierno nacional en la tarde del 8 de junio pasado, es una medida inconstitucional e ilegal", sentenció la concejal de Juntos por el Cambio Natalia García Luna, en referencia a la situación sobre la empresa Vicentin.
Esta declaración se produjo luego que en la última sesión del Concejo Deliberante se aprobaran dos proyectos de decreto del bloque oficialista. En ellos se expresa el rechazo a la expropiación de la empresa y la suspensión hasta el 31 de diciembre que establece la Ley de Movilidad.
Las propuestas de Juntos por el Cambio fueron aprobadas por mayoría, sin el acompañamiento del Frente de Todos y Bien Común.
García Luna citó el artículo 17 de la Constitución Nacional. "Dice que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Lo que está haciendo este gobierno es llevarse puesta la Constitución y con ella la República".
La edil calificó como una "barbaridad jurídica" y agregó que "podría ser un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario y repite experiencias anteriores que aún debemos seguir pagando todos los argentinos".
Citó ejemplos: ""Este gobierno ya expropió empresas en forma similar, como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, brindando en su momento además de un discurso triunfalista, aplausos y un relato que pretendía apelar a cuestiones de soberanía que por supuesto no fueron tales", detalló.
Suspensión hasta fin de año de la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria
En relación a este tema la concejal afirmó: "Volvemos a rechazar las medidas de atropello que está llevando adelante el Presidente de la Nación para con los jubilados. De aprobarse este proyecto, los jubilados van a estar durante un año sin cobrar lo que les hubiera correspondido con la ley anterior. Esto ya se vio reflejado en marzo y junio, en donde 2,7 millones de jubilados y pensionados cobraron menos".
De esta manera, los ajustes trimestrales que corresponden a septiembre y diciembre serán fijados por decreto, indicaron desde el bloque.
"El presidente toma estas medias para achicar el gasto público con los haberes de los jubilados, ya lo han hecho en la gestión de Cristina Kirchner, donde apelaban los juicios que hacían los abuelos por la mala liquidación de sus jubilaciones", finalizaron.