Corresponsalía Buenos Aires
La ONG Poder Ciudadano se presentó este martes en la justicia con la intención de ser aceptada como particular daminificada en la causa contra Julio Segundo “Chocolate” Rigau, el puntero político que manejaba 48 tarjetas de débito empleados y asesores legislativos. Si bien la causa fue anulada, se espera la apelación de la fiscalía para que continúe la investigación sobre un presunto sistema ilegal de recaudación política.
El escrito de Poder Ciudadano fue presentado por su director ejecutivo Pablo Secchi ante el juez de garantías Guillermo Atencio, el magistrado que llevó adelante el proceso hasta su anulación de parte de la Cámara de Apelaciones de La Plata.
Julio “Chocolate” Rigau, a quien se conoce como un “clásico puntero político” que se mueve en La Plata, fue descubierto días atrás en un cajero de las calles 7 y 54, con decenas de tarjetas de débito y una bolsa en la que guardaba el dinero que extraía. Un llamado al 911 alertó sobre la extraña situación. Rigau fue detenido con 48 tarjetas y un poco más de un millón de pesos.
Hasta que la Cámara anuló la causa, habían declarado ante la fiscalía, 16 de los 48 titulares de las tarjetas. Según trascendió, todos dijeron conocer a Rigau de la Legislatura, y declararon entregarle las tarjetas con absoluto consentimiento. Como si se tratara de una declaración acordada, los 16 testigos dijeron que donaban parte de sus ingresos legislativos para mantener un comedor comunitario a cargo de Rigau, que funcionaba en la casa de éste. También trascendió que el comedor recibe subsidios del Ministerio de Desarrollo Social.
En la política platense, se vincula a Rigaud con el concejal peronista, Facundo Albini, hijo de un histórico dirigente platense, Claudio Albini.
Rigau fue imputado por el delito de “malversación de fondos públicos”. Se supo que le cobraba el sueldo a varios asesores legislativos “de distintos partidos”, y que llegó a manejar unos 27 millones de pesos mensuales.
La causa fue anulada por los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo de la Sala III, contra el voto de Fernando Mateos. Para los camaristas, hubo deficiencias en el operativo policial que detuvo a Rigau. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, argumentó el voto contra la anulación.
Según fuentes de la justicia platense, el fiscal Héctor Vogliolo apelará la anulación de la causa. Será entonces la Cámara de Casación bonaerense la que defina si se continúa investigando o no a Rigau.
Poder Ciudadano
“Los hechos que se investigan en el presente caso, sin lugar a duda, resultan comprensivos de los intereses colectivos que Poder Ciudadano ha de representar”, dice el escrito que firmó el abogado y presidente de la ONG, Hugo Wortman Jofre.
En paralelo, el fiscal Juan Menucci, a cargo de la UFI 6 de La Plata, recibió una denuncia de los dirigentes de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico.
“Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de prestanombres y de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, sostienen los denunciantes. También plantearon la necesidad “inexcusable de investigar con seriedad, profundidad y responsabilidad el uso del dinero público en la Legislatura bonaerense y las responsabilidades políticas en torno a esos manejos posiblemente ilícitos”.
Los dirigentes opositores también elevaron una denuncia contra los camaristas que anularon la causa.
Ni el presidente de la Legislatura, Federico Otermin (Unión por la Patria); ni los vicepresidentes Adrián Urreli (Juntos por el Cambio), Carlos Moreno (Unión por la Patria) y Rubén Eslaiman (Unión por la Patria- Frente Renovador), hicieron declaraciones públicas sobre este incidente.