Jimena Leguizamón
En un nuevo fallo judicial, la Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva para los ocho expolicías acusados de planificar la toma de la Jefatura de la fuerza policial provincial en septiembre pasado. La medida, dispuesta inicialmente por el juez Fernando Verón, del Juzgado de Instrucción Tres, fue confirmada tras considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Los imputados, identificados como Ramón Alejandro Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Diego Hernán Correa, Ramón Oscar Amarilla, Joaquín Orrego, Adolfo Guirula y Horacio Ezequiel Elías Coutto, enfrentan cargos por sedición y coacción agravada. Según las investigaciones, el grupo buscaba repetir un levantamiento similar al ocurrido en mayo de este año.
Las defensas apelaron la decisión de Verón, argumentando falta de pruebas, violación del principio de inocencia y desproporcionalidad en la medida. Sin embargo, los camaristas Marisa Ruth Dilaccio y José Alberto López rechazaron esos planteos y respaldaron la prisión preventiva.
El caso comenzó con la detención del suboficial Diego Correa, quien enfrenta múltiples causas judiciales. Un peritaje a su teléfono celular resultó crucial: según la fiscalía, los mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp evidenciaban intenciones de tomar la Jefatura mediante acciones coordinadas, como provocar incendios para forzar la salida de los bomberos y bloquear calles.
Además, un camarada denunció haber sido presionado por Correa para cubrirlo en un turno, alegando que el imputado planeaba manifestarse junto a otros efectivos frente a la Jefatura. Este testimonio alertó a las autoridades, que ordenaron la detención de los acusados entre el 16 y el 18 de septiembre.
Entre los detenidos se encuentra Ramón Amarilla, suboficial mayor retirado, señalado como integrante del grupo de mensajería. Amarilla se entregó voluntariamente a la Justicia tras ser notificado. Días después, los ocho policías involucrados fueron dados de baja de la fuerza por decisión de las autoridades provinciales.
El caso sigue bajo investigación, mientras los detenidos permanecen en prisión preventiva a la espera de avances en el proceso judicial.