Jimena Leguizamón
Mientras a nivel nacional se observan retrocesos en políticas destinadas a personas con discapacidad, Misiones refuerza su compromiso con una agenda de atención ampliada. Desde el Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS) advierten que la paralización de programas, la demora en pagos a prestadores y la falta de actualización de aranceles afectan de forma directa a las poblaciones más vulnerables, y obligan a la provincia a multiplicar sus esfuerzos con recursos limitados.
El COPRODIS, organismo que funciona bajo la órbita de la Vicegobernación, cumple un rol clave en la articulación entre los tres poderes del Estado provincial, municipios y organizaciones de la sociedad civil. Su sede central en Posadas, ubicada sobre avenida Santa Catalina, recientemente amplió su horario de atención e incorporó un turno vespertino con intérprete en lengua de señas para brindar atención directa a la comunidad sorda.
Desde este espacio se coordinan acciones con áreas como Salud, Educación, Deportes, Desarrollo Social y Derechos Humanos. Además, se trabaja en red con los municipios y ONGs para abordar casos complejos de manera conjunta. Un ejemplo fue la reciente mesa de trabajo con el Comité de la Cultura Sorda, donde participaron universidades, instituciones y especialistas.
A pesar de las limitaciones presupuestarias, Misiones sostiene programas específicos de atención, impulsa políticas públicas inclusivas y fortalece el sistema de salud, que hoy se encuentra desbordado ante la creciente demanda. Según destacaron desde el COPRODIS, hospitales como el Madariaga siguen siendo elegidos por su calidad, aunque atender a miles de personas con el mismo personal genera demoras inevitables.
En contraste, la situación nacional preocupa. La aplicación de auditorías sin criterios claros, la asignación irregular de turnos para pensiones no contributivas, y la falta de acceso digital están dejando fuera del sistema a muchas personas con discapacidad. A esto se suma la demora de hasta seis meses en la entrega de medicamentos de alto costo, lo que pone en riesgo tratamientos vitales.
Frente a este panorama, en Misiones fue bien recibida la media sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que propone una pensión específica no atada a la invalidez laboral. La norma busca garantizar derechos en un contexto donde el mercado laboral sigue excluyendo a personas con discapacidad, incluso con formación académica.
Desde la provincia remarcan que la Nación debe asumir su responsabilidad. Los fondos recaudados a través de impuestos como el IVA no se reflejan en una contraprestación adecuada para garantizar derechos básicos. La falta de transferencia de recursos pone en tensión el sistema local, que responde, pero a costa de un esfuerzo creciente y sostenido.
Misiones, aún en un escenario de ajuste, mantiene su política de inclusión y refuerza el compromiso con quienes más lo necesitan. Sin embargo, el reclamo es claro: sin el acompañamiento de Nación, los derechos de las personas con discapacidad seguirán en riesgo.