El Gobierno de Misiones oficializó la implementación obligatoria de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos y distintos sectores del Estado provincial, tras la publicación del decreto 776 en el Boletín Oficial.
La normativa establece que deberán someterse a estos controles el gobernador, el vicegobernador, autoridades superiores y personal jerárquico de la administración pública central, además de integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado y empresas con participación estatal mayoritaria.
El alcance de la medida también incluye a sectores considerados sensibles dentro de la estructura estatal, como efectivos de la Policía de Misiones, personal del Servicio Penitenciario Provincial, trabajadores del sistema de salud pública —incluido el Parque de la Salud— y agentes vinculados a la prevención de adicciones.
Según el decreto, los controles deberán realizarse de manera anual y bajo un sistema aleatorio que garantice transparencia e igualdad en la selección de los agentes alcanzados. Además, se fijó un plazo máximo de 90 días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma para concretar el primer examen, tanto para funcionarios actuales como para quienes sean designados en el futuro.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública de Misiones, que contará con 30 días para reglamentar los procedimientos, definir modalidades y establecer los lugares donde se efectuarán los análisis. El organismo podrá trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones en tareas de asistencia y acompañamiento.
Los estudios estarán orientados a detectar metabolitos de drogas ilegales sin prescripción médica, entre ellas cannabis, cocaína, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, MDA y barbitúricos.
La normativa también fija pautas sobre confidencialidad y protección de datos personales, estableciendo que los procedimientos deberán realizarse de manera privada y respetando el derecho de defensa y el debido proceso administrativo de los agentes involucrados.
En caso de resultados positivos, el informe será elevado a la máxima autoridad del organismo correspondiente y el Poder Ejecutivo evaluará cada situación particular. Entre las medidas previstas se contemplan la continuidad en el cargo, apartamientos preventivos, licencias, suspensiones temporales o ceses en la función pública, según cada caso y dentro del marco legal vigente.
Además, el decreto prevé mecanismos de contención y asistencia interdisciplinaria para los agentes involucrados, con el objetivo de favorecer procesos de recuperación y reinserción laboral.
Los exámenes deberán cumplir estándares técnicos específicos, incluyendo análisis iniciales, contrapruebas y procedimientos de confirmación bajo condiciones controladas.
Para supervisar el sistema, se conformará un Comité de Auditoría Externa integrado por el Colegio de Médicos de la Provincia de Misiones y el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Misiones, organismos que tendrán a su cargo la verificación y control de los procesos.