Jimena Leguizamón
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a quedar en el centro de la polémica tras un operativo realizado en Misiones, donde cientos de pensionados por invalidez fueron citados en San Ignacio bajo la amenaza de perder sus beneficios. Allí fueron atendidos en condiciones precarias, en un edificio abandonado, y recibieron constancias apócrifas con la supuesta firma de un cardiólogo de Pergamino que denunció la falsificación de su identidad.
Las irregularidades incluyeron la participación de estudiantes en las evaluaciones, comprobantes sin membrete ni validez oficial, y la utilización de sellos médicos falsos. Además, los beneficiarios debían remitir documentación a oficinas inexistentes de la ANDIS en la provincia, lo que generó mayor incertidumbre.
Ante la gravedad del caso, el Gobierno de Misiones presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal solicitando la restitución inmediata de las pensiones dadas de baja sin notificación válida. También reclamó que los procesos de auditoría se realicen con transparencia, profesionales acreditados y en condiciones dignas.
Desde la Vicegobernación y el Consejo Provincial de Discapacidad advirtieron que la situación afecta a decenas de familias en la provincia y remarcaron que no se trata de defender pensiones irregulares, sino de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.