Jimena Leguizamón
La Justicia de Misiones emitió ayer miércoles una sentencia que marca un precedente en torno a las medidas de protesta que implican cortes de calle. La jueza Marcela Leiva condenó a los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez por los bloqueos registrados en la avenida Uruguay de Posadas entre el 1 y el 4 de junio de 2024, en el marco del conflicto salarial del sector.
El fallo dispuso 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses para Sánchez, al considerarlos responsables de desobediencia judicial y entorpecimiento del tránsito. Aunque las penas no se harán efectivas, los dirigentes deberán cumplir reglas estrictas y la condena quedará registrada en sus antecedentes.
La causa se inició a partir de denuncias de comerciantes de la zona, quienes atribuyeron al acampe docente pérdidas económicas, disminución de ventas, daños en mercadería y dificultades para el tránsito vehicular y peatonal. Estos señalamientos, junto con actas policiales y constataciones oficiales, integraron la prueba valorada durante el proceso.
En el juicio quedó probado que ambos dirigentes conocían la orden que prohibía cortar la calzada y aun así mantuvieron el bloqueo. La fiscalía reforzó esta postura al señalar que, en el marco de la protesta, se incurrió en conductas que afectaron la libre circulación y generaron perjuicio a terceros. Por su parte, la defensa reclamó la absolución, cuestionó la acusación y sostuvo que la protesta se desarrolló en un contexto estrictamente gremial, además de poner en duda la efectiva notificación de la orden judicial.
Para la magistrada, el corte prolongado en una vía clave de la ciudad excedió los márgenes de una protesta legítima, provocó afectaciones directas a la actividad comercial y alteró el funcionamiento general de la circulación.
Tras conocerse la sentencia, un grupo de docentes presentes en el juzgado anunció que convocará a un paro en rechazo al fallo.