Jimena Leguizamón
La denuncia de una vecina del barrio San Isidro de Posadas permitió descubrir un geriátrico que funcionaba de manera clandestina y en condiciones inadecuadas para el cuidado de adultos mayores. El lugar fue clausurado y las cinco personas que allí residían fueron reubicadas, mientras la Justicia avanza con la investigación para establecer responsabilidades.
Según se informó, hasta el momento solo una persona fue demorada en el marco de la causa: un enfermero que estaba a cargo del cuidado de los adultos mayores. Tras el primer contacto con la Justicia, el hombre recuperó la libertad y en los próximos días deberá presentarse ante el Juzgado de Instrucción N.º 6, donde será indagado por el magistrado Ricardo Balor con intervención del fiscal René Casals.
Las actuaciones iniciales permitieron constatar que el geriátrico operaba desde el año pasado sin habilitación municipal ni autorización sanitaria. Además, presentaba serias falencias en materia de higiene, alimentación, infraestructura y condiciones generales de habitabilidad, sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos para este tipo de establecimientos.
El caso salió a la luz el lunes, cuando una vecina advirtió la situación al observar a una persona de edad avanzada salir de una vivienda y pedir ayuda. A partir de la denuncia, la Policía intervino y dio aviso a las autoridades competentes, lo que derivó en un operativo en una casa ubicada en la manzana 12 del barrio San Isidro.
Durante el procedimiento se confirmó que en el inmueble funcionaba un geriátrico no habilitado, sin salidas de emergencia, controles médicos ni registros sanitarios. También se detectó la presencia de personas ajenas al cuidado de los adultos mayores, que convivían en el mismo espacio sin ningún tipo de organización formal.
Ante las irregularidades, se dispuso la clausura inmediata del lugar y la reubicación de los pacientes. Algunos fueron restituidos a sus familias, mientras que otros quedaron bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública y fueron trasladados al Geriátrico Público de Miguel Lanús, donde se les realizó una evaluación médica integral y se inició un seguimiento sanitario.
Desde el área de Gerontología de la cartera sanitaria provincial se remarcó la gravedad del caso, especialmente por el hecho de que la persona vinculada al geriátrico contaba con conocimiento previo de la normativa vigente. Asimismo, se reiteró la importancia del rol de las familias en el acompañamiento y control de los espacios donde residen adultos mayores, y la necesidad de denunciar cualquier situación irregular.