Jimena Leguizamón
En el municipio de 25 de Mayo se registraron serias irregularidades durante el operativo de auditorías de pensiones no contributivas, donde las constancias emitidas fueron rechazadas posteriormente por la ANSES. Desde la comuna señalaron que los procedimientos estuvieron a cargo de militantes libertarios sin preparación técnica, lo que sumó incertidumbre entre las personas con discapacidad y sus familias.
La situación se inscribe en un contexto provincial marcado por denuncias similares en localidades como San Ignacio y San Pedro. El vicegobernador Lucas Romero Spinelli ya había advertido sobre deficiencias en el proceso y el Gobierno de Misiones presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal. Entre las irregularidades detectadas se mencionan falsificación de sellos y firmas, constancias sin validez legal, falta de comunicación oficial con los municipios y auditorías realizadas en lugares inadecuados.
En 25 de Mayo, el operativo también centralizó a vecinos de Colonia Aurora y Alba Posse, lo que amplificó el número de afectados. Muchas personas recorrieron largas distancias para completar el trámite, pero se encontraron con que los certificados entregados no tenían validez en ANSES.
La confusión se profundizó por errores en las citaciones, que derivaron a direcciones inexistentes y generaron temor entre beneficiarios que temen perder la pensión. Videos que circularon en redes sociales mostraron discusiones entre responsables del operativo y vecinos, reflejando la tensión en la jornada.
El municipio insistió en que la falta de claridad y la precariedad del proceso ponen en riesgo derechos adquiridos, dejando a personas en situación de vulnerabilidad frente a la incertidumbre.
Improvisación y dudas en San Ignacio
La semana pasada se llevó a cabo en San Ignacio un operativo de revalidación de datos para beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad. El procedimiento generó cuestionamientos por desarrollarse en un restaurante abandonado y al aire libre, un espacio improvisado que no ofrecía condiciones adecuadas para este tipo de trámites.
En el lugar, varias personas recibieron la documentación de los beneficiarios sin portar credenciales oficiales que acreditaran su función. Si bien uno de los participantes se presentó como responsable de las auditorías en la provincia, el resto del equipo no estaba identificado, lo que incrementó la incertidumbre sobre su legitimidad.
Los beneficiarios recibieron comprobantes denominados “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, sin membrete oficial y con sello y firma adulterados de un médico que nunca participó del operativo. El profesional, radicado en Pergamino, denunció ante la Justicia la falsificación de sus datos.
Hasta el momento no se confirmó si las personas que recibieron la documentación pertenecían a la Agencia Nacional de Discapacidad, si fueron contratadas por el municipio o si respondían a otra organización.
