Redacción Vía País
El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, aseguró hoy que “el código penal reemplazó al código electoral” en la Argentina después de que se dieran a conocer los fundamentos de la Justicia para determinar la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad.
En ese sentido, el referente de La Cámpora dejó en claro que “como el 9 de marzo de 1956, otra vez entramos en una etapa de proscripción”, al referirse al escrito que fue difundido por los jueces del Tribunal Oral Federal 2 donde dan a conocer los motivos para los seis años de prisión y la inhabilitación pública.
“Este es otro día de persecución, donde sectores del poder judicial están cumpliendo un rol disciplinador. Los fundamentos que dieron a conocer son los que dio Clarín durante más de 15 años en el diario. Hoy sectores del poder judicial acomodaron el código penal y procesal a esos 15 años”, reflexionó de Pedro durante una entrevista radial con AM 750.
En ese marco, el titular de Interior resaltó el rol de la militancia, y aseguró que “estamos convocando fuertemente para el sábado, donde nos vamos a manifestar contra esta proscripción. Salimos con campañas, salimos con actos, salimos fuertemente con eso”.
Al ser consultado sobre su participación en la edición de Expoagro, dijo: “En nuestro sector siempre hubo diálogo. Entonces cada uno en su lugar, yo defendiendo siempre los mismos intereses”.
Y amplió: “en el 2019 nos dijimos que había que disputar lo que se llama, o lo que mal hacemos en generalizar, la palabra “campo”. Y ahí definimos participar de todos los espacios que tienen que ver con el encuentro de todos esos sectores productivos. El más importante de la zona núcleo es Expoagro, y como el año pasado también definimos participar”.
Qué dijo la Justicia sobre el fallo contra Cristina Kirchner
Este jueves, se conocieron los fundamentos de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso para tomar la determinación de dictar la mencionada sentencia en un documento que tiene 1.600 páginas. El Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 notificó en el documento los motivos, entre los que se destaca que a lo que la vicepresidenta llamó “lawfare” es “una coartada para no rendir cuentas”.
Además, consideraron que “la magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”.
“Los ejemplos evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial”, remarcaron.
“Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”, agregaron.