Roberto Pico
Al igual que intentó con el “caso Adorni”, el Gobierno buscó contraponerle un acto de gestión a la Marcha Federal Universitaria. Mientras la convocatoria tomaba cuerpo en la Plaza de Mayo, en la Casa Rosada se desarrollaba una reunión de la Mesa Política en la que se discutió la estrategia parlamentaria para las próximas leyes que impulsará el oficialismo. El mensaje fue uniforme: “Fue un acto opositor”.
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Admitiendo la posibilidad de una amplia convocatoria, desde las primeras horas de este martes se dispuso un vallado especial en el perímetro de la Casa de Gobierno con una nutrida presencia de efectivos de seguridad de diferentes fuerzas.
Por la entrada habilitada en la explanada fueron ingresando los funcionarios nacionales que se reunieron encabezados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
A diferencia de otras ocasiones, el encuentro fue convocado para la media tarde, en una particular coincidencia con la llegada de las primeras columnas de manifestantes a la Plaza. El objetivo era marcar que el Gobierno seguía con su agenda de trabajo más allá de la protesta.
De esa reunión también participó la senadora Patricia Bullrich, quien volvió a dejar una declaración que atizó la interna. Por la mañana, durante una participación en una jornada agraria, reconoció la tensión que se vivió en la reunión de gabinete del viernes pasado cuando el presidente, Javier Milei, hizo una encendida defensa de Adorni, incluso advirtiendo a sus colaboradores sobre los riesgos de no alinearse al discurso oficial.
“El presidente tiene una emocionalidad importante”, fue la gambeta literaria que encontró Bullrich para reflejar el semblante del jefe de Estado en aquella reunión.
El monitoreo de la situación en la calle quedó a cargo del Ministerio de Seguridad, que comanda Alejandra Monteoliva, quien realizó reportes continuos con un foco preciso en el nivel de adhesión ante la masividad de la convocatoria.
El debate político fue delegado al subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro Álvarez, quien no se apartó ni un ápice del discurso oficial.
En distintas apariciones públicas, aseguró que el Gobierno no modificará su política de financiamiento a las universidades y enfatizó que la marcha que se realizó en todo el país fue de “carácter político”.
El funcionario afirmó que la intención del Gobierno no es “cerrar universidades”, sino adecuar su financiamiento a la realidad económica del país y a los resultados académicos de cada carrera. Hablan de “parámetros objetivos” bajo la relación del presupuesto con la que cuenta el sistema en base a la cantidad de graduados anuales.
Asimismo, el subsecretario, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, insistió en recriminar la negativa de las autoridades universitarias a auditorías por parte de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Respecto del recorte de $ 78 mil millones que dispuso el Poder Ejecutivo en las partidas destinadas a educación, el funcionario sostuvo que no hubo rebajas en los fondos para el funcionamiento del sector y explicó que la poda recayó sobre líneas de financiamiento que maneja el Ministerio de Economía provenientes de préstamos con organismos multilaterales.
Sin quererlo, Alvarez destapó un manejo opaco de aquellos créditos de instituciones como el BID, el Banco Mundial o la CAF que se anuncian para fines específicos, pero luego no se concretan.
La conclusión es que el dinero entra para cumplir con fines de los programas económicos (sostener el tipo de cambio o pagar deuda, por ejemplo) y nunca se aplica a los objetivos previstos. Frente a la consulta de una aclaración, el Ministerio de Economía no emitió respuesta.
La multitudinaria marcha se montó sobre el reclamo para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado por el Congreso Nacional y que sorteó el veto presidencial.
Pero al respecto, desde la semana pasada el Gobierno nacional tiene una respuesta judicial: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo dictó un fallo que dejó en suspenso la norma hasta tanto se defina la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal debe decidir si la ley sancionada es aplicable. El Gobierno plantea que la ley no cuenta con la partida correspondiente de financiamiento y por ende no es válida.
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Además de las realizadas en Córdoba y Buenos Aires, las marchas se repitieron en varias ciudades como La Plata, Bahía Blanca, Junín, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Salta, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, La Pampa, Chaco, Corrientes y Misiones, entre otras.
El acto principal en la Plaza de Mayo también contó con el apoyo de centrales sindicales y movimientos sociales que rechazan la política libertaria.
La concentración culminó con la lectura de un documento en el que se reivindicó a la Universidad Pública y se reclamó por su fuente de financiamiento.