Edgardo R. Moreno
Javier Milei no conseguirá el pacto político que imaginaba para el 25 de mayo en los términos que lo concibió. Lanzó la idea en marzo tras el fracaso parlamentario del paquete legislativo que considera fundacional para su gestión. La propuesta fue un pacto sobre 10 puntos genéricos para iniciar un nuevo ciclo con un rumbo económico diametralmente opuesto al de las últimas dos décadas. Le permitió a Milei ganar tiempo para recomenzar el diálogo con los núcleos de oposición que dominan el Congreso.
El Gobierno consiguió demoler las vallas en Diputados, pero los tiempos no le dieron para completar su expedición en el Senado. Liderada por el kirchnerismo y sus aliados, la oposición logró a fuerza de dilaciones hurtarle al Presidente el objetivo simbólico del “Pacto de Mayo”. Milei quería para la fecha patria un ritual celebratorio del cambio de época, pero asentado en acuerdos concretos: sellados por ley. No ocurrirá en esos términos, con consecuencias políticas inevitables. La Casa Rosada se prepara para el suceso intentando cambiar sobre la marcha el contenido simbólico.
Cabe en este punto distinguir dos objetos diferenciados: el ritual pretendido para el sol del 25 y el desarrollo de la ley de Bases. Ambos son relevantes, aunque de naturaleza distinta. Todo ritual es una progresión de acciones simbólicas. Gestos que representan valores comunes de un orden social. En ese conjunto de símbolos los miembros de una comunidad se reconocen.
Milei quería un acuerdo firmado por actores que se reconocen, que ya superaron la contingencia de la primera reunión. Aunque lo niegue, quería un consenso: una permanencia en común, porque, para todos, el voto es fugitivo. Para el objetivo simbólico, el Presidente tiene ahora dos opciones. O posterga el pacto hasta agotar por cansancio la porfía de veto que le plantea la oposición, o cambia el contenido del ritual.
Aquí es donde conviene internarse en el otro objeto que le interesa a Milei: ese enigma normativo en que se ha convertido la ley de Bases tras su disección interminable en el Parlamento. Después del fracaso de febrero, la ley ómnibus que presentó el Poder Ejecutivo se ha transformado en materia sólo inteligible para “lobbistas” de todo color y pelaje. Para asomarse a un balance provisorio conviene escrutar cómo le está quedando la ley a las principales corporaciones políticas.
“Corpos” en acción
En los hechos, la discusión de la ley Bases se convirtió en la negociación de un nuevo pacto fiscal entre la Nación y las provincias. Pactos que son la única forma posible de negociar eso que ampulosamente se llama “federalismo fiscal” desde el candado de la coparticipación por ley convenio que estableció la última reforma constitucional. Ese pacto fiscal en gestación involucra no sólo la distribución de los recursos tributarios, sino también los esquemas de incentivos a la economía privada de cada región.
De allí que la discusión por el impuesto a las Ganancias tenga un tono para los gobernadores patagónicos y otro totalmente opuesto para los jefes territoriales del centro y norte del país. También de allí que el debate sobre el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) se haya transformado en otra divisoria de aguas para los gobiernos de provincias. Es el marco legal de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios para atraer iniciativas de inversión superiores a los 200 millones de dólares. En la ley Bases se está discutiendo todo lo “coparticipable” para la economía real.
También las corporaciones sindicales están operando para lavar la reforma laboral de Milei a un tono todavía más desvaído que aquel que recomendaron los legisladores radicales. Mientras, los jerarcas sindicales miran a la distancia las desgracias judiciales de la corporación piquetera que en algún momento pretendió erigirse en una central sindical alternativa, representativa de un sujeto político -los desempleados- más numeroso y combativo que los trabajadores formales. Los jefes sindicales observan a los dirigentes trotskistas transformados en las “María Julia” del kirchnerismo.
Estas desventuras contrastan con la estrategia de repliegue judicial de Cristina Kirchner, que concentra todo su capital de negociación en un acuerdo con Milei para la incorporación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Un objetivo desde ayer controvertido, porque el máximo tribunal dispuso la creación de una secretaría penal especial en la Corte para la gestión de todas las causas de competencia penal cuyo contenido se refiera a juicios de lesa humanidad (la causa Amia lo es ahora), competencia originaria de la Corte, recursos por retardo o denegatoria de justicia. Como era previsible, el promotor de Lijo ante la Casa Rosada, Ricardo Lorenzetti, salió a criticar esa resolución del resto del tribunal que integra.
Otra de las corporaciones políticas que se enfrentó a Milei -y en su momento incidió en la demora de la ley Bases- distendió su presión en cuanto apareció el dinero del fisco: los universitarios perdieron su bandera más emblemática al acordar la UBA con el Gobierno y declarar como finalizada la emergencia presupuestaria. Como el gestor del arreglo fue el radical Emiliano Yacobitti, la oposición apuntó a un eventual cambio de voto de su aliado informal Martín Lousteau. En cuestión de días, Javier Milei y Cristina Kirchner apuntaron con la misma inquina a la volatilidad de conducta del actual presidente de la Unión Cívica Radical.
Pero aunque el balance político de la ley Bases aún sea así de fragmentario y provisorio, Milei todavía conserva la iniciativa porque el índice de inflación sigue bajando, en un contexto de recesión profunda y cada vez más evidente. Eso explica su preocupación por exhibir ese logro sin los atenuantes sobre sustentabilidad que señalan otros economistas experimentados. Milei los descalificó llamándolos “porfiadores seriales”. Porque advierten: la inflación no puede depender del cepo cambiario, la negación de fondo de un mercado sincero con todos sus precios relativos.
La canciller Diana Mondino recibió en Estados Unidos una queja en privado -amable, pero firme- del más notorio de los “porfiadores” criticados: Domingo Cavallo.