Felipe Vitola
La suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán agregó una escala más en las tensiones en una relación que se rompe cada vez más entre el Gobierno y la Corte Suprema, con acusaciones cruzadas e investigaciones que terminaron en un juicio político.
Sin embargo, no se trata del primer enfrentamiento entre la gestión de Alberto Fernández y los miembros del máximo tribunal. Con una relación que se tensó más tras la elección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte en octubre del 2021.
Si bien la relación antes de esto era fría y con algunos roces producto de la intención de una reforma de la Justicia por parte del presidente, con la elección de Rosatti, a la que el kirchnerismo acusó de polémica por ser él mismo quien se votó junto a Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, estas relaciones se pusieron al rojo vivo.
De acuerdo a lo que señaló Infobae, hay una pésima relación personal ente el mandatario y el titular de la Corte. Y esto se ve reflejado dentro del máximo tribunal, con un Ricardo Lorenzetti (que no firmó las resoluciones de las elecciones provinciales) que lleva una interna abierta con los otros tres miembros, después de que la Casa Rosada lo haya querido como titular del máximo tribunal.
No hay que olvidar que Rosatti tiene un vínculo con el peronismo, cuando en junio de 2003 se sumó al gobierno de Néstor Kirchner, quien lo nombró como Procurador del Tesoro de la Nación y posteriormente fue designado como Ministro de Justicia de la Nación.
En 2015, Mauricio Macri lo nombró por decreto a él junto a Carlos Rosenkrantz como miembros del máximo tribunal, hasta que finalmente se hizo efectivo en 2018.
El conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la Coparticipación
Uno de los primeros grandes enfrentamientos entre el Palacio de Justicia y la Casa Rosada fue el fallo favorable para la Ciudad de Buenos Aires producto de la quita de la coparticipación para pasarle a la Provincia de Buenos Aires, después de un conflicto con la Policía Bonaerense.
En ese sentido, la Corte Suprema le dio la razón a la gestión de Rodríguez Larreta que llevó a un enfrentamiento ente la Ciudad y el resto de las provincias gobernadas por el PJ. De acuerdo a lo que esgrimió Fernández, la coparticipación no corresponde a la Ciudad porque la ley se sancionó antes de la autonomía de la Capital.
Sin embargo, el máximo tribunal señaló que “no debe concebirse como una liberalidad del Estado nacional, ni como producto de un supuesto poder de la Nación para regular el flujo de recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires, sino como un sistema que armoniza”.
Es decir, que la Ciudad recibe fondos provenientes de la porción correspondiente a la Nación (y no de la porción de las provincias) sólo es viable hasta que el Congreso sancione una nueva ley de coparticipación, algo que no se pudo alcanzar en casi 25 años.
La Corte declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura
Si se quiere, el gran primer conflicto y la primera movida de Rosatti como presidente de la Corte que despertó el enojo en el Gobierno fue la declaración de la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura de una ley sancionada en 2006 que establecía el cuerpo en 13 miembros.
El máximo tribunal decidió que se vuelva a la normativa de 1998, donde había 20 integrantes en el cuerpo que designa jueces como también cuenta con una función disciplinaria. El foco político que argumentan algunos especialistas era para que el kirchnerismo no tenga mayoría y puedan llevarse a caboq los juicios por corrupción contra Cristina Kirchner.
El principal problema al que apuntaban quienes cuestionaban la ley sancionada en la gestión de Néstor Kirchner fue la composición del organismo con 6 legisladores, 1 representante del Poder Ejecutivo, 3 jueces, 2 abogados y un académico.
Según la Corte, “el estamento político cuenta con un total de 7 representantes -6 legisladores y 1 representante del Poder Ejecutivo-, número que le otorga quórum propio y la mayoría absoluta del cuerpo”. Esto le da la potestad de realizar acciones “hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos, en clara transgresión al equilibrio que exige el artículo 114 de la Constitución Nacional”.
“Si bien pueden existir diferencias en el número de representantes de los distintos estamentos -en tanto no se exige una igualdad aritmética-, esas diferencias no pueden permitir que ninguno de ellos tenga predominio o se imponga sobre los demás”, señaló el tribunal en el voto, otra vez, de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
El pedido de juicio político y las acusaciones por arreglos entre funcionarios porteños y el vocero de Rosatti
El 1 de enero de 2023, mientras los argentinos celebraban el año nuevo, el presidente Alberto Fernández anunciaba que impulsaba un juicio político contra Horacio Rosatti y los miembros de la Corte tras conocerse unos supuestos chats entre Marcelo D’Alessandro y el vocero del juez, Silvio Robles.
El presidente señaló que las causales son por mal desempeño de sus funciones, delitos en el ejercicio de la función y crímenes comunes.
La acusación contra la Corte está basada en cinco pilares. Los dos principales son el fallo que obligó a pagarle el 2,95% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y el que restituyó la vieja ley del Consejo de la Magistratura. En ambos casos, denuncian que el máximo tribunal se arrogó facultades legislativas.
También se apunta contra Rosatti y Rosenkrantz por haber firmado en 2017 (junto a la exjueza Elena Highton) el “fallo Muiña”, por el cual se decidió que en las causas por crímenes de lesa humanidad era aplicable la ley conocida como “2 por 1″, según la cual, pasados los primeros dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención.
Otro eje de la acusación es una denuncia por “incumplimientos” y “desmanejos” detectados en una auditoría de la obra social del Poder Judicial de la Nación que se conoció a mediados de 2022.
La Corte Suprema, la última instancia para definir la situación de Cristina Kirchner
En todo este contexto, la Corte Suprema tendrá un rol fundamental en el futuro de Cristina Kirchner: serán los encargados de definir si se confirma o no la sentencia contra la expresidenta que dictó el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre pasado.
La vicepresidenta presentó días atrás su apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal para pedir su absolución de la causa. En caso de que el fallo nuevamente sea desfavorable, podrá apelar ante la Corte Suprema que dictará el fallo final.
En ese sentido, ante los enfrentamientos políticos, el kirchnerismo habla de proscripción ante Cristina Kirchner, a pesar de que la propia vice habló de que no iba a ser candidata “a nada”, mientras a poco de cerrarse la lista de candidatos, el Frente de Todos no tiene ningún nombre para ir por las generales.