Edgardo R. Moreno
Nada puede sorprender que a las turbulencias más nítidas para administrar crisis las tengan entre mano el Gobierno nacional y las provincias. El ajuste de la economía nacional era inevitable. La gestión del último gobierno peronista dejó una inflación anualizada de más de 210%, un déficit fiscal superior a cinco puntos del Producto Interno Bruto, reservas negativas en el Banco Central de más de 11.000 millones de dólares, un juicio a tiro de embargo por 16.000 millones dólares por negociados en YPF, entre otras lindezas. Todo a pagar con el esfuerzo de una población cuya mitad cayó bajo la línea de pobreza.
¿Cómo se reparte el esfuerzo del ajuste entre la Nación y las provincias? Esa es la pregunta que enmarca todo el diálogo reabierto entre los funcionarios de Javier Milei y los gobernadores. Un diálogo que es centralmente de materia fiscal y tributaria pero cargado de densidad política y definitorio del diseño de gobernabilidad.
Milei volvió a la escena del diálogo tras el fracaso de la ley ómnibus, pero con un primer trimestre económico en el que bajó unos grados la fiebre inflacionaria. Aprovechó la combinación de este logro (leve, parcial y temporario) y aquel tropiezo de naturaleza política para proponer un acuerdo en un plazo prudencial. Es lo que intenta con el Pacto de Mayo y el regreso a la discusión del paquete fiscal.
Milei sabe que cuenta con respaldo social para ese emprendimiento por dos intangibles que están todavía vigentes en el imaginario de su electorado de base.
El primero es de índole política: el estilo de oposición salvaje que el peronismo le hizo a Mauricio Macri quedó grabado a fuego en quienes votaron luego a Milei. Provocó una reacción diferida que hoy se manifiesta en un apoyo incondicional a toda manifestación que el Presidente haga en contra de las estructuras que lideraron aquella obstrucción: sindicatos, piqueteros, legisladores que instaron a apedrear el Congreso, partidos políticos y funcionarios públicos que se plegaron al “club del helicóptero”.
El segundo intangible tiene impacto económico: el balance que hizo su electorado sobre su experiencia con Macri es que los gobernadores se coaligaron para desfinanciar a la Nación. El propio Macri alimenta esa lectura autocrítica de su gestión, cuyo resultado fueron provincias superavitarias, mientras la Nación tomaba deuda con el FMI para evitar el colapso final de su moneda.
Estas dos convicciones que persisten en el imaginario del votante de Milei son controversiales. Pero es un dato que existen y son mayoritarias. Son un factum inevitable en la pulseada en curso por el nuevo diseño de federalismo fiscal y la gobernanza resultante. Forman parte del activo político de Milei en esas conversaciones que se dejan oir como ruidos sordos en los sótanos del consenso. Milei usa con los gobernadores el mismo estilo “a cara de perro” que el peronismo utilizó siendo oposición contra el último gobierno de un signo político distinto.
Soja, petróleo, litio
Del lado de los gobernadores, de a ratos les tienta volver al discurso flamígero de su oposición a Macri, pero las urgencias administrativas los conducen a la cautela. Este contraste entre el discurso deseado y la realidad impaciente ha provocado reagrupamientos por núcleos de interés. Están los gobernadores del petróleo, los del litio, los de la soja. Una novedad respecto a los agrupamientos fundados en estrategias de presión para la captación de transferencias discrecionales a las provincias por sobre los envíos de coparticipación federal.
Estos cambios en los ejes de reagrupamiento territorial corren en paralelo con los intentos de realineamiento político de la oposición. Hay en el peronismo disidencias internas sobre los tiempos que vienen para la gestión Milei. Por lo tanto, también distintas estrategias de posicionamiento a futuro. Son las que asoman entre Axel Kicillof y Martín LLaryora, por ejemplo. Dos gobernadores que se perciben a sí mismos como ejes excluyentes, articuladores de una alternativa opositora en 2027.
En el peronismo el proceso de recomposición ya empezó. Alberto Fernández fue encontrado en la vereda del Partido Justicialista. Lo tiraron por la ventana del Consejo Superior para que la presidencia del PJ quede vacante. La defenestración no se detuvo en consideraciones pías, como que el expresidente ahora sí está imputado por causas graves de corrupción. Si Cristina Kirchner sonrió al enterarse es un auténtico enigma. Si existió, la satisfacción debe haber sido breve: a la expresidenta se le viene encima el tramo decisivo de la causa Vialidad. Y perdió en la semana el último bastión de resistencia que le quedaba en el Consejo de la Magistratura, tras el ingreso del representante de Milei y la confirmación de silla para el senador Luis Juez.
Otra de las corporaciones que jugará a incidir en el nuevo PJ es la sindical. Pablo Moyano se entusiasma con otro paro general contra Milei, pero sus socios en la CGT están más interesados en frenar dos amenazas simultáneas: la reforma para la democratización sindical propuesta por Milei para el Pacto de Mayo y la competencia interna de la izquierda tradicional en negociaciones paritarias de resolución imposible, entre la resaca inflacionaria y la sombra de la recesión.
Algunos economistas de relieve le están reconociendo al Gobierno nacional el logro anticipado de resultados que esperaban para más adelante: Domingo Cavallo y Ricardo Arriazu admitieron que la curva de descenso de la inflación marcha mejor de lo previsto y ambos recomendaron comenzar a evaluar el levantamiento gradual del cepo cambiario. También han comenzado a advertir sobre el impacto de la recesión. Se registra el caso inédito de que el FMI está alertando sobre el límite de licuación al que llegaron las jubilaciones y los programas de asistencia social.
Son signos de un clima social muy delicado, que no admite chapuzas indefendibles como el aumento automático de ingresos para los congresistas. Que, si bien viven menos de sus dietas que de sus chocolates, deberían evitar echar sal en las heridas abiertas de la crisis de representación.