Leandro Boyer
La modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que promovió el excandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa durante la campaña electoral sigue vigente en el inicio del 2024 y le suma presión a la sensible negociación entre Javier Milei y los gobernadores más preocupados por compensar los multimillonarios fondos provenientes de la coparticipación de ese canon.
A partir de la reforma de Massa, aprobada por el amplio arco político, deben aportar Ganancias quienes perciban un ingreso por encima del monto equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, 2.340.000 pesos.
El impacto en las arcas provinciales se sintió en el cierre del año. Según los cálculos de la firma Politikon Chaco, la caída en los fondos coparticipables provenientes de Ganancias fue, en términos reales, del 41,3% respecto de diciembre de 2022.
La consultora llegó a esas conclusiones al evaluar la base de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía. En cuanto a las transferencias de diciembre, se indicó que la caída en términos reales fue “la más severa desde mayo del 2020, en plena pandemia del Covid 19″, en parte por los cambios en Ganancias.
Apenas asumió en la Casa Rosada, Milei abrió la posibilidad de dar marcha atrás con los cambios en el mencionado canon que promovió su ex rival del peronismo. Sin embargo, varios de los gobernadores, atentos al impacto en los salarios y correspondiente costo político que generaría, pidieron que lo perdido se compense con la coparticipación del Impuesto al Cheque.
“No vamos a coparticipar el Impuesto al Cheque; eso está fuera de discusión. Ir para atrás con Ganancias es la solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas”, repitió Milei cada vez que fue consultado sobre el tema.
El Presidente recibió a los mandatarios de las 24 jurisdicciones en la Casa Rosada y activar los puentes de discusión y pedir colaboración ante las múltiples reformas que impulsa para ajustar la economía y alcanzar el equilibrio fiscal, y para emprender una profunda reforma del Estado.
A saber, la primera avanzada de Milei contempló otra mala noticia para los gobernadores. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue el encargado de anunciar que el paquete de emergencia abarca la reducción al mínimo de las transferencias discrecionales. Dijo, para justificar la decisión, que esos recursos en “nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”.
Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso sirven para comprender la magnitud de la medida: las partidas destinadas a las transferencias discrecionales ascienden a 2.25 billones de pesos, lo que equivale a 1,3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).
Estas son algunas de las variables que figuran en la mesa de negociaciones de Milei con los gobernadores. Y el Presidente sabe que la necesidad de los gobernadores es clave de cara al debate -que promete ser altamente completo- de la “ley ómnibus” con la que busca empezar a marcar la impronta de su gobierno.
El caso CABA
En simultáneo, el primer mandatario libertario avanza con las tratativas tendientes a encontrar una salida al reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la quita de los fondos coparticipables que aplicó la administración de Alberto Fernández y que la Corte Suprema de Justicia ordenó restituir.
“Le vamos a pedir al Gobierno nacional que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir a la Ciudad los fondos de coparticipación que el Gobierno nacional saliente nos quitó de forma unilateral y contraria a la Constitución”, dijo Jorge Macri, en su primer discurso como jefe de gobierno.
En los próximos días, está previsto que el ministro Caputo reciba al mandatario porteño y varios de sus principales laderos para avanzar con la cuestión. Por lo pronto, no existen grandes cortocircuitos en las deliberaciones por la vocación de Milei, de respetar los compromisos, y por la buena sintonía que mostraron ambas administraciones. Un ejemplo claro de esto último fue el trabajo conjunto para aplicar el protocolo antipiquetes con el que se limitaron las manifestaciones de movimientos sociales y de la CGT en el centro porteño.
El inicio del debate en el Congreso de la “ley ómnibus” podría acelerar las definiciones, aunque Milei jugó al extremo también para exigirle a los gobernadores que acompañen sus medidas.
“Los diputados y senadores que van a estar dando el debate en el Congreso tendrán que elegir si quieren ser parte de la solución o si quieren seguir siendo parte del problema”, lanzó el Presidente en su mensaje por el fin de año.