Carolina Ramos
Un camino más que difícil es el que le espera en el Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos del Poder Ejecutivo para reemplazar a Elena Highton y Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema de Justicia. El oficialismo necesita reunir dos tercios de los votos, es decir 48, y no podrá llegar a ese número sin Unión por la Patria, que tiene 33.
El requisito está previsto en la Constitución nacional. El artículo 99 inciso 4 establece que el Poder Ejecutivo “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.
La Libertad Avanza está muy lejos de ese número: tiene tan solo siete representantes propios y la mayoría más importante que pudo alcanzar fue de 39, cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel acordó con todo el arco opositor no kirchnerista para realizar la sesión preparatoria donde se designaron las autoridades del Senado, hace tres meses.
Rápidamente, quedó en claro que esa mayoría fue circunstancial y que los apoyos dependen de múltiples variables políticas. Sin ir más lejos, el Senado acaba de rechazar el DNU 70/23 del presidente Javier Milei con votos de Unión por la Patria y bloques provinciales que habían acompañado a Villarruel en aquella sesión de mediados de diciembre.
Hasta el momento, los senadores de Unión por la Patria no se pronunciaron públicamente, aunque el tema podría deslizarse este jueves en la Comisión de Acuerdos, que se reunirá para tratar pliegos de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios.
Cómo es el mecanismo
El mecanismo para la selección de los jueces está establecido en el decreto 222/2003 dictado por el expresidente Néstor Kirchner. Allí se establecen los pasos que deben cumplirse antes del envío de los pliegos, que incluyen entre otras cosas la publicación de los antecedentes curriculares de los candidatos y la presentación de declaraciones juradas. También se contempla para la sociedad civil la posibilidad de presentar adhesiones o impugnaciones.
El Gobierno anunció este miércoles que modificará ese decreto, y aunque no brindó detalles, todo indica que buscarán comenzar el trámite parlamentario antes de que se produzca la vacante a cubrir, con el fin de evitar que la Corte vuelva a quedar mermada a fin de año, cuando Maqueda se jubile (cumple 75 años el 29 de diciembre).
El primer paso para activar el debate parlamentario es que el Ejecutivo envíe los pliegos a la Cámara Alta. El tratamiento comenzará entonces en la Comisión de Acuerdos, que se conformó la semana pasada y nombró como presidenta a Guadalupe Tagliaferri, una senadora del PRO por la Ciudad de Buenos Aires que tiene diálogo con el expresidente Mauricio Macri.
De los 17 miembros de la comisión, siete son de Unión por la Patria, que tiene figuras de peso como el jefe del interbloque, José Mayans, su vice, Anabel Fernández Sagasti, y las senadoras Juliana Di Tullio y Alicia Kirchner. Le sigue la UCR con cuatro integrantes (entre ellos, Martín Lousteau), el PRO con dos, y La Libertad Avanza con uno solo: el presidente del bloque, Ezequiel Atauche. Los tres restantes pertenecen a sellos provinciales: el salteño Juan Carlos Romero, el correntino Carlos “Camau” Espínola y el misionero Carlos Arce.
La comisión debe emitir dictamen sobre cada nombramiento, y finalmente deberán votarse en el recinto con mayoría especial. En el decreto de Kirchner se establece que, al momento de evaluar a los candidatos, se debe tener en cuenta que la composición de la Corte refleje “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.
Lijo es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, y García-Mansilla, de Río Negro. Entre los actuales, Horacio Rosatti (presidente) y Ricardo Lorenzetti son de Santa Fe; Carlos Rosenkrantz, de CABA; y el saliente Maqueda, de Córdoba. Como queda a la vista, la Corte además no tendría ninguna integrante mujer.