Carolina Ramos
Sin apoyo de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos logró alzarse con el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de nueva moratoria previsional, que el Gobierno espera tener sancionado antes de fin de año, cuando vence el régimen actual.
El dictamen del oficialismo, que replica la media sanción del Senado, reunió 39 firmas sobre un total de 51 en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El debate llegaría al recinto en la última sesión del año, prevista en principio para el 14 de diciembre. Allí el Frente de Todos contaría con respaldo de los interbloques Federal y Provincias Unidas, mientras que Juntos por el Cambio podría dividirse entre el rechazo y la abstención.
De no aprobarse la nueva moratoria, a partir de enero solo podrán jubilarse una de cada diez mujeres de 60 años y tres de cada diez hombres con 65 años. Ese y otros datos fueron aportados por la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, en una reunión de bloque del Frente de Todos este martes por la tarde.
El proyecto permite que unas 800.000 personas que este año o el que viene cumplen la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes necesarios puedan saldar su deuda previsional hasta 2008, en planes de hasta 120 cuotas, con un pago mensual equivalente al 29% del haber mínimo.
Paralelamente, casi 850.000 personas a las que les faltan hasta diez años para alcanzar la edad jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años), y que ya saben que carecen de aportes suficientes para acceder al haber, podrán “precancelar” esa deuda mientras estén en actividad.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal sería de 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año a 0,42% del PBI.
“Esto un parche, pero es un parche que se puede hacer, con bases serias de que se puede cumplir. Si miramos el conjunto variables, esto se va a poder financiar”, consideró Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, quien pronosticó que el año próximo el Estado contará con mayores ingresos que los previstos en el Presupuesto.
Por el contrario, Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal) planteó que “hoy no están los fondos para hacer frente al impacto fiscal de la moratoria. Por lo tanto, el Gobierno y el oficialismo en el Congreso deberán informar qué finalidades, funciones y partidas presupuestarias van a eliminar o reestructurar para hacer frente a ese eventual nuevo compromiso de recursos”.
El diputado (quien reemplazó en la Comisión de Previsión Social a la cordobesa Natalia De la Sota) acompañó el dictamen del oficialismo en disidencia. De esa forma, dejó entrever que su bancada votaría a favor, aunque manteniendo sus objeciones.
Hubo además dos dictámenes de minoría, con propuestas alternativas: uno fue suscripto por el bloque Evolución Radical (que trabajaba para lograr la adhesión del resto de los bloques de Juntos por el Cambio) y el segundo fue firmado por el Frente de Izquierda.
La propuesta de Evolución Radical, defendida por el diputado Alejandro Cacace, consiste en “instituir un sistema para que aquellos que no tienen los aportes completos tengan establecida, dentro del sistema previsional, una prestación que sea proporcional y que reconozca el esfuerzo contributivo que se ha hecho”.
Según explicó Cacace, se busca otorgarle a las mujeres de 60 años y hombres de 65 años que hayan aportado entre 10 y 29 años una prestación proporcional, que consistiría en un 70% de la Prestación Básica Universal (PBU) más el 1,5% por cada año aportado. Así, sostuvo, se daría una “solución definitiva” al problema.
El legislador puntano indicó que esa propuesta “no está exenta de costo fiscal” pero es más “modesto” que el del proyecto del Frente de Todos. “El costo (del proyecto oficial) no está incluido en el Presupuesto, y acuerdo con el FMI es muy estricto y severo respecto a las metas de déficit fiscal”, advirtió.
Por su parte, Nicolás Del Caño defendió el dictamen en minoría de la izquierda, que plantea volver a las contribuciones patronales del 33% y “un resarcimiento de los capitalistas con un impuesto a los grandes grupos empresarios”.