Horacio Aizpeolea
La ronda de conversaciones entre el Gobierno nacional y diputados y senadores aliados dejó al descubierto las prioridades del oficialismo para el período de sesiones extraordinarias en el Congreso.
En Casa Rosada evalúan como posible avanzar con la reforma electoral (aunque haciendo concesiones), mientras que admiten algunas dificultades para avanzar con el proyecto denominado “Ficha Limpia” y muchas con la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuentes de Casa Rosada aludieron a las conversaciones del martes y miércoles encabezadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, primero con los diputados Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (un sector de la UCR) y Oscar Zago (MID), y después con senadores aliados.
En los cónclaves, el oficialismo dejó en claro su intención de avanzar “sí o sí” con la reforma electoral, cuyo punto central es la eliminación de las Primeras Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El gasto que suponen (se estima unos 150 millones de dólares) y un supuesto cansancio de la población ante un calendario electoral muy cargado son los dos argumentos expuestos para la eliminación del sistema de primarias que rige desde 2011.
El oficialismo hace números y sabe que aún debe juntar más voluntades que el PRO y parte de la UCR para avanzar con la reforma electoral: la derogación de las primarias obligatorias necesita la mayoría especial de 129 votos.
“El oficialismo va a tener que articular con otros bloques, porque con los votos del PRO, la UCR y el MID, no llegan”, admitió Cristian Ritondo.
Un influyente funcionario sintetizó: “Lo central es eliminarlas. Si los votos no dan, iremos por la suspensión”, una alternativa que hasta podría ser contemplada por el peronismo en ambas cámaras.
En la reunión entre el Gobierno y los diputados aliados se acordó convocar para el 4 y 5 de febrero a las reuniones de comisión, y votar en el recinto el 6 y también el 11 del mismo mes. En un principio se evaluó que el 6 se podría votar la reforma electoral, pero este jueves empezó a hablarse del 11, ante la urgencia de conseguir más votos. Esta segunda opción ajustaría los márgenes para el tratamiento del proyecto en el Senado, puesto que el 21 termina el período de extraordinarias.
La necesidad del oficialismo de avanzar con más consensos para eliminar o suspender las PASO derivó en la posibilidad de que el próximo martes 28 haya otra cumbre, pero esta vez en los salones de Diputados y no en la Casa Rosada, tal como reclamó el bloque Encuentro Federal, que conduce Miguel Angel Pichetto. De esta manera, EF podría sumarse a las conversaciones de las que hasta ahora permaneció afuera.
“También podrían participar los bloques provinciales pequeños, que hasta ahora no se han pronunciado, mayormente porque muchos diputados siguen de vacaciones”, evaluaron fuentes el Congreso.
Ficha limpia y Corte Suprema
El proyecto de Ficha Limpia cuenta con el rechazo del peronismo en las dos Cámaras. El kirchnerismo afirma que la iniciativa solo apunta a proscribir a Cristina Kirchner de las próximas elecciones. Aún así, el oficialismo cree que podría imponer el proyecto si logra acercar posiciones entre los aliados y otros bloques provinciales.
Nadie, sin embargo, es capaz de garantizar el tratamiento de los pliegos de Lijo y García Mansilla para su designación a la Corte. Francos se encontró con esta situación en la reunión del miércoles de la que participó Victoria Villarruel, titular del Senado.
Se lo dijeron los senadores aliados: se necesitan dos tercios de los votos. El peronismo tiene 33 y sumará uno más cuando jure Stefanía Cora, para ocupar la plaza dejada por Edgardo Kueider tras su expulsión de la Cámara Alta. El exsenador, aunque de origen peronista, durante todo 2024 votó en sintonía con el bloque libertario, perdiendo así el oficialismo un aliado.
Lijo cuenta con las adhesiones en comisión (que incluyó la firma de la senadora Lucía Corpacci, muy cercana a Cristina Kirchner) por lo que su pliego podría ser votado en el recinto. Pero el Gobierno avisó que quiere la designación de los dos jueces “o nada”. “Será nada, entonces”, respondió el senador peronista José Mayans.