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| viernes, 05 de junio de 2026
A una semana del cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada, la oposición impulsa en el Congreso una ley para impedirlo. Un proyecto presentado en el Senado, al que se sumará próximamente otro en la Cámara de Diputados, apunta a blindar las oficinas de prensa en los tres poderes del Estado y proteger el derecho a la libertad de expresión de decisiones arbitrarias de la gestión de turno.
El pasado 23 de abril, el gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa de Gobierno debido a la conducta de un cronista del canal Todo Noticias que filmó con gafas inteligentes pasillos que son de uso público en el marco de un informe periodístico. Fue acusado de cometer “espionaje” y como reprimenda se clausuró la sala, en un hecho inédito en democracia.
La oposición empezó a tomar cartas en el asunto desde el Congreso. Por un lado, la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, la peronista jujeña Carolina Moisés, presentó un proyecto para blindar por ley las salas de prensa tanto de la sede del Poder Ejecutivo como del Legislativo y el Judicial.
Se establece que los tres poderes deberán contar con “una sala de prensa institucional de carácter permanente para los periodistas y trabajadores de la comunicación debidamente acreditados, cuyo funcionamiento garantice la libertad de expresión, la transparencia institucional, el libre ejercicio del periodismo, facilite la comunicación oficial y permite el escrutinio social de la opinión pública”.
Agrega que las salas de prensa no podrán ser reemplazadas por dependencias auxiliares, sedes alternas o espacios virtuales, “salvo situaciones de fuerza mayor debidamente fundadas y de carácter transitorio”. Por último, se prohíbe la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones periodísticas y se aclara que “toda restricción de acceso deberá ser individual, motivada, documentada y revisable judicialmente”.
“No puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas. Las salas de prensa deben ser una obligación del Estado, no una concesión del poder de turno. Este proyecto viene a poner un límite claro a la discrecionalidad. No vamos a naturalizar ni debemos permitir que se instale este modo de censura. Sin salas de periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública, no hay democracia posible”, argumentó Moisés, del bloque Convicción Federal.
En la Cámara de Diputados, la oposición también reaccionó. Dado que la Comisión de Libertad de Expresión está bloqueada por su presidente, el oficialista Guillermo Montenegro, diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda realizaron su propia reunión con periodistas afectados. La organizó Nicolás Trotta, exministro de Educación y vicepresidente primero de la comisión.
En el encuentro, la massista Sabrina Selva anunció que impulsarán un proyecto similar al de Moisés. “No alcanza con repudiar. No podemos naturalizar la violencia del presidente frente al que piensa distinto. Tenemos que avanzar en el trabajo legislativo, porque así también obligaríamos a todos los diputados a que se expresen”, señaló.
La Libertad Avanza, el PRO y la UCR vaciaron la reunión. “Lamentamos la no presencia de ningún diputado del bloque oficialista y de otros bloques que en años anteriores hacían de la libertad de expresión una bandera y ahora transitan un silencio que nos preocupa”, advirtió Trotta. Una de las que quedó en la mira fue Silvana Giudici, creadora de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia).
Tampoco asistieron, a pesar de haber sido citados, el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, y el responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en redes sociales).
Quienes brindaron su testimonio fueron los periodistas acreditados en la Rosada Liliana Franco (Ámbito Financiero), Silvia Mercado (Radio JAI), Tatiana Scorciapino (Tiempo Argentino), Fabián Waldman (La Patriada) y Jonathan Heguier (El Destape). También participaron Mónica Gutiérrez (Infobae), Natasha Niebieskikwiat (Clarín) y Nora Veiras (Página/12).
“Hay un modus operandi desde los primeros días de 2024. Siempre sucedió ante alguna conferencia de prensa fallida o molesta para el Gobierno”, relató Heguier, a quien Adorni le respondió “sos apenas periodista” cuando le preguntó acerca de su patrimonio. El cronista dijo que desconocen hasta cuándo regirá la medida, que además no fue oficializada mediante ninguna resolución.
Franco, histórica acreditada en la Rosada, enfatizó: “Si el presidente está disconforme con el periodismo puede demandarnos ante la Justicia a nivel personal y del medio. Pero utilizar la más alta investidura de un país para decir en cuanto púlpito puede que el 95% de los periodistas son corruptos, chorros y basuras humanas es un tema institucional. El Poder Legislativo tiene que hacer algo. Esto no se puede tolerar”.
Aunque el foco de la reunión fue la prohibición de acceso a la Rosada, hubo plena coincidencia en que no se trató de un suceso aislado. Sin ir más lejos, en la sesión protagonizada este miércoles por Adorni, el presidente retomó sus ataques a periodistas al tratarlos de “chorros” y “corruptos” cuando era abordado en el ingreso al ingreso.
Los insultos se suman a la quita temporal de acreditaciones por el supuesto espionaje ruso; pedidos del propio Milei para que los medios desvinculen o degraden a determinados periodistas; restricciones a la prensa parlamentaria en las Asambleas Legislativas; el intento de derogación del Estatuto del Periodista; y la reglamentación restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, entre muchos otros hechos.
Paula Moreno, secretaria de Fopea (Foro de Periodismo Argentino), precisó que en 2025 se registró una cifra récord de ataques a la sala de prensa, la mayoría protagonizadas por Milei. Recientemente, la entidad denunció ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la prohibición de ingreso a la Rosada.
Por su parte, Agustín Lecchi, secretario general de Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) llamó a tomar medidas desde el Congreso y también a que “los empresarios de medios protejan a los periodistas en las coberturas y en el pago de salarios”.
Carolina Ramos