Carolina Ramos
La reforma laboral del Gobierno es ley. Después de tres meses de intensas negociaciones, una dura pulseada con gobernadores, un paro general de la CGT y la marcha atrás con un artículo que generó indignación, La Libertad Avanza logró sancionar en el Senado uno de los proyectos más ambiciosos de la gestión de Javier Milei, que modifica la legislación vigente desde hace décadas en el país.
La iniciativa obtuvo los mismos 42 votos positivos que había cosechado el 12 de febrero, provenientes de La Libertad Avanza, la UCR, el nuevo interbloque Impulso País (que integran el PRO, la schiarettista Alejandra Vigo y otras fuerzas provinciales) y los oficialismos de Salta y Misiones.
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Los votos en contra fueron 28, de todo el peronismo liderado por José Mayans y el nuevo bloque Convicción Federal, que se acaba de escindir del justicialismo para acercarse a Milei pero mantuvo su oposición al proyecto. El único cambio respecto de la votación original fue la abstención de dos senadores por Santa Cruz.
La Cámara alta aceptó el único cambio introducido en la Cámara de Diputados la semana pasada: la eliminación del polémico artículo que reducía el salario básico al 50% o 75% a los trabajadores que se tomaran licencia por enfermedad.
Si bien en los últimos días el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anticipó que volverían a la carga con el tema en una ley aparte, en Casa Rosada descartan insistir. El Gobierno decía querer terminar con la supuesta “mafia de los certificados truchos”, pero fueron sus propios aliados los que lo forzaron a dar marcha atrás en Diputados. Ni siquiera aceptaron corregir el artículo para distinguir entre trastornos leves y severos, como proponía la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
Aunque la modificación en Diputados demoró la sanción de la ley, Bullrich aceleró al máximo los tiempos para que Milei llegara a la Asamblea Legislativa de este domingo con la norma bajo el brazo. La senadora activó la firma del dictamen tan solo unas horas después de la aprobación en Diputados, con el fin de habilitar la votación para este viernes.
“A partir de esta ley los trabajadores van a ser más libres y millones de argentinos recuperan la libertad. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, destacó Bullrich al cierre del debate.
Al inicio, el joven chaqueño Juan Cruz Godoy también defendió el proyecto en nombre de La Libertad Avanza, aunque sin referencias al artículo suprimido.
“Tuvimos conversaciones con sindicatos diciendo que las afiliaciones están en mínimos históricos. Con los mismos trabajadores, que en muchos casos piden no ser formalizados porque perderían los beneficios económicos que reciben del Estado. Y con los empleadores, que ante la necesidad de empleados por crecer eligen crearse estancados y no crecer con tal de no asumir nuevos riesgos laborales”, relató Godoy.
El legislador sostuvo que “el empleo formal privado se mantiene igual desde 2012. Sin embargo, los juicios laborales crecieron desde 2010 al 2024 en un 135%. Es decir, el sistema actual genera más litigios que trabajo formal”.
Pese a que el Gobierno busca evitar los juicios, paradójicamente no podrá evitarlos. La CGT dará el puntapié inicial el lunes por la mañana: realizará un planteo de inconstitucionalidad y en paralelo se movilizará al Palacio de Tribunales. La cúpula de la central obrera anunció la decisión este miércoles, a sabiendas de que el Senado sancionaría la ley.
En tándem con la CGT, el peronismo jugó en el Senado su última carta: el abogado laboralista Mariano Recalde pidió la vuelta del proyecto a comisiones. Según argumentó, la ley podría entrar en contradicción con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ratificado este jueves por el Senado. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el oficialismo y aliados, con 43 votos en contra y 29 a favor.
Según advirtió Recalde, en el artículo 18 inciso 2 del convenio entre regiones se establece que “ninguna de las partes deberá debilitar” su normativa en materia laboral. “Ayer hubo mucho apuro por ser los primeros en ratificar este acuerdo, pero para tener coherencia deberíamos analizar esto con más profundidad y ver si no significa un incumplimiento serio y grave”, consideró. Su moción no prosperó.
Al rechazar la ley, el kirchnerista advirtió que “pone en jaque la seguridad jurídica”, “viola la Constotución”, “va a generar más litigiosidad y muchas dudas en los inversores”. El legislador indicó que con la ley vigente “se crearon 4 millones de trabajo”, por lo que, según opinó, “el único límite es la actividad económica”.
Ganadores y perdedores
A lo largo del debate, la Casa Rosada tuvo que ceder en varios puntos a cambio de votos. La primera concesión que hizo fue no rebajar el impuesto a las Ganancias para empresas: tras varias idas y vueltas, se impuso la presión de los gobernadores, que veían mermados sus recursos coparticipables. El tema quedaría para la próxima reforma tributaria.
Los sindicatos, por su parte, salvaron sus “cajas”. El proyecto original volvía voluntaria la “cuota solidaria” (que se descuenta a todos los trabajadores de manera compulsiva, aunque no estén afiliados, por resultar beneficiados por el convenio colectivo de su rama). Finalmente, ese aporte seguirá vigente como hasta ahora, aunque con un tope del 2%. Los aportes patronales a las obras sociales, que bajaban del 6% al 5%, no se tocarán.
En cambio, los gremios no lograron evitar el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, ni la prevalencia de los convenios colectivos sobre los convenios por actividad o rama. El proyecto también limita la realización de asambleas y de medidas de fuerza, ya que entre otras cosas se amplía el listado de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental”, que deberán garantizar prestaciones mínimas.
Para el Gobierno, un eje central de la reforma es la creación de los FAL (Fondo de Asistencia Laboral) que solventarán las indemnizaciones por despido con aportes patronales que hoy se dirigen a la ANSES. El objetivo es reducirle a las empresas el costo de los despidos. De la mano, el cálculo indemnizatorio se reduce: ya no contemplará ítems como aguinaldo, vacaciones, horas extra y bonos.
El capítulo del FAL no contó con apoyo pleno de los aliados oficialistas, ni mucho menos con el de la oposición: advierten sobre el desfinanciamiento del sistema previsional y el uso de los fondos aportados para la “timba financiera”. “El FAL es un curro fenomenal. Una ley que ‘promueve el empleo’ a la vez subsidia despidos”, se ofuscó Recalde.
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La flamante ley además habilita el fraccionamiento de las vacaciones y los bancos de horas “de mutuo acuerdo”, y establece que el salario no solo podrá pagarse en pesos, sino también en dólares. Por otra parte, se deroga de inmediato la Ley de Teletrabajo y algunos estatutos a partir de 2027, como el del Periodista.