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| jueves, 11 de junio de 2026
La reforma laboral tiene viento a favor en el Senado, aunque la letra chica sigue bajo disputa. El oficialismo llega a la sesión del miércoles con más de 40 votos positivos en general y algunos frentes abiertos en particular. La tensión se concentra en al menos dos grandes temas que preocupan a gobernadores y sindicatos: la rebaja de Ganancias, por un lado, y el fin de la cuota sindical obligatoria, por otro.
La gestión de Javier Milei pondrá a prueba una nueva dinámica de negociaciones, en la que el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se dedicaron a recoger los planteos de gobernadores y senadores para trasladarlos a la “mesa política” que funciona en Casa Rosada, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo validan las decisiones.
Las tratativas, rodeadas de secretismo, entraron en la recta final y Bullrich tiene previsto recibir por última vez a los bloques dialoguistas el lunes. La exministra, que llevará las riendas del debate en el recinto, quiere llegar a la sesión con el texto cerrado y evitar que a último momento aparezcan nuevas modificaciones que enturbien la discusión y tiren por la borda los acuerdos logrados.
Sin embargo, todavía hay por lo menos dos grandes temas sin resolver. El que acaparó todas las miradas los últimos días es la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas, que provocará un agujero en la coparticipación que reciben las provincias. La definición está en manos del Poder Ejecutivo y la postura que hasta el momento se impone es seguir adelante sin cambios.
La opción de otorgar una compensación a las provincias, como reclama la mayoría de los gobernadores, pierde fuerza. En el Senado, un activo participante de las negociaciones sostuvo a Vía País que, a esta altura, la decisión pasa por mantener el artículo, a riesgo de que se caiga, o bien eliminarlo. “Si queremos llevar alivio a las empresas, alguien tiene que perder”, dijo la fuente consultada.
El otro gran eje que, según advierten en la Cámara Alta, llega al recinto con final abierto es el de las cuotas sindicales. El proyecto elimina la obligatoriedad del empleador de retener la cuota de afiliación y establece que el trabajador deberá prestar su conformidad. Además, las empresas ya no podrán ser agentes de retención de “otros aportes” que no sean los de afiliación, como la cuota solidaria. Los gremios están en contra.
Por otra parte, el Gobierno define si cede ante otras demandas de cambios. Por ejemplo, no habilitar finalmente el pago de sueldos y jubilaciones a través de billeteras virtuales, una innovación resistida por las entidades bancarias. También recibieron pedidos para rever la derogación de una serie de estatutos, como el del Periodista. Lo que estudian es abrir una ventana de 180 días para que las partes rediscutan esos estatutos, pero en el sindicalismo genera desconfianza.
En tanto, habría un acuerdo más consolidado en torno al reemplazo del sistema actual de indemnizaciones por despido por un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), donde las empresas aportarán el 3% de la masa salarial, que será descontado de la contribución al sistema previsional. El radicalismo propuso privilegiar a las pymes sobre las grandes empresas, y Bullrich dio el visto bueno.
En cambio, nada trascendió sobre cambios en otros puntos relevantes del proyecto, como la reducción del cálculo indemnizatorio, la prevalencia de los convenios por empresa sobre los convenios por actividad, la posibilidad de ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas, o el límite al derecho a huelga a través de la ampliación de los “servicios esenciales”.
El “poroteo” inicial favorece a los libertarios, que junto con el aliado cordobés Luis Juez parten de una base de 21 senadores y cuentan de su lado a los 3 del PRO y los 10 de la UCR. Si bien el radicalismo aportará su apoyo en general, su líder, Eduardo Vischi, no descarta que en la votación en particular pueda haber rebeldías de unos tres senadores del “ala dura” que objetan algunos puntos.
Los gobernadores dialoguistas Ignacio Torres (Chubut), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta) pondrían los votos que faltan. Son los de la chubutense Edith Terenzi, la tucumana Beatriz Ávila, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón. Todos ellos mantuvieron línea directa con Bullrich estas semanas.
También se espera el acompañamiento del correntino Carlos Espínola, quien está en sintonía con el mandatario Juan Pablo Valdés y firmó el pedido de sesión. “Camau” comparte el bloque Unidad Federal con la cordobesa Alejandra Vigo, pero a diferencia del ex regatista, la esposa de Juan Schiaretti no participó de las negociaciones con Bullrich: ni siquiera viajó a Buenos Aires. Fiel a su estilo, se mantiene en el más estricto silencio y su voto es un misterio.
El mapa de apoyos podría ampliarse con dos santacruceños que tienen una relación oscilante con el Gobierno, José María Carambia y Natalia Gadano. Esta última participó de una de las rondas de Bullrich con aliados. Con los dos patagónicos, La Libertad Avanza llegaría a 43. Pero puede soñar con sumar aún más, si se tiene en cuenta que el Presupuesto de Milei se aprobó con 46 votos.
La apuesta en ese sentido es volver a quebrar al peronismo. Más concretamente, repetir el respaldo de tres gobernadores peronistas que hacen pie en el bloque Convicción Federal: Sáenz, Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil. A ellos responden los senadores Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada. Son tres votos que están en la mira.
Confiado de que logrará el objetivo, el oficialismo ya empezó a tantear el terreno en la Cámara de Diputados, donde imaginan un cronograma osado: dictaminar el 18 de febrero, post feriado de Carnaval (como hay tiempo hasta 10 días antes del fin de las extraordinarias, habría que extenderlas del 27 al 28 de febrero) y sesionar el miércoles 25. El desafío es replicar los acuerdos alcanzados en el Senado para que el proyecto no regrese con cambios en segunda revisión.
Carolina Ramos