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| viernes, 12 de junio de 2026
Con el inicio del 2023, Alberto Fernández anunció una de las primeras jugadas políticas del año con el pedido de juicio político para Horacio Rosatti. En ese marco, el mandatario señaló que enviará el proyecto para realizar el proceso contra el titular de la Corte Suprema.
En ese marco, el jefe de estado publicó un extenso mensaje en sus redes sociales donde dio a conocer los detalles del proceso que presentará ante el Congreso tras el fallo del máximo tribunal que obliga al Estado Nacional pagar a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables.
“Recientemente han quedado al descubierto las peores prácticas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho”, comenta.
Y apunta: “Por eso, convoqué a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que se investigue su desempeño”.
En este tipo de casos, los procesos de juicio político se presentan en el Congreso de la Nación. Por un lado, en la Cámara de Diputados se trata el órgano acusatorio, es decir, deciden si se avanza o no con el pedido que realicen contra presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, según señala el artículo 53 de la Constitución.
Por su parte, en el artículo 59, se explica que la Cámara de Senadores son los responsables de juzgar en juicio público “a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”.
Acá está el primer problema que tiene Alberto Fernández para avanzar con el pedido de juicio político: es que en la Cámara de Diputados tiene actualmente un total de 118 diputados del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio tiene 116.
Es decir, debería contar con 172 diputados a su favor, un número casi imposible de llegar en la cámara baja, ya que debería llegar a 54 diputados que se sumen al pedido del presidente.
Según tiene definido la Cámara de Diputados en su glosario, Alexis de Toqueville define al juicio político como “el fallo que pronuncia un cuerpo político momentáneamente revestido del derecho de juzgar” (La democracia en América, Cap. VII). Puede ser parlamentario, como ocurre en nuestra constitución respecto del Presidente, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema (arts. 53 y concs.) o por una comisión mixta, como es el caso del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, respecto de los jueces nacionales inferiores (arts. 114 y 115). Se inscribe dentro de la doctrina de la separación de poderes o funciones y del control entre ellos, pues se trata del control político de un poder sobre el correcto ejercicio de las competencias de otro.
Esta herramienta funciona con el fin de destituir a las máximas autoridades del país por causales que van desde el mal desempeño de funciones, la comisión de un delito durante las mismas o crímenes comunes.
En caso de avanzar en la Cámara Baja, entraría a la Comisión de Juicio Político que presidente la diputada Ana Carolina Gaillard del Frente de Todos. También la integran algunos nombres importantes de la oposición como Mario Negri, Juan Manuel López u Omar de Marchi.
Uno de los grandes temas que se debatió durante el último año en el Congreso fueron los múltiples pedidos de juicio político que tuvieron como objetivo juzgar a Alberto Fernández o miembros de su gabinete. De hecho, sólo en el último año, el presidente de la nación recibió ocho pedidos de juicio político.
Naturalmente, los firmantes de estos pedidos eran integrantes de los bloques opositores, con nombres que se repitieron en reiteradas ocasiones como el de José Luis Espert, Mario Negri, Graciela Ocaña o Pablo Tonelli. Las carátulas apuntan por mal desempeño en sus funciones, como también posible comisión de delitos en el ejercicio de las mismas.
Felipe Vitola