Ezequiel Alippe
El juez federal Ariel Lijo ordenó que el Ministerio de Desarrollo Social realice una auditoría biométrica antes del 15 de enero, para determinar quiénes son los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, a raíz de la causa que investiga presuntos intermediarios que tenían en su poder tarjetas para cobrar en nombre de otras personas.
Esta investigación nació a partir de un pedido del exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que le realizó a la AFIP, con el objetivo de cruzar datos de los beneficiarios del plan. Esa información se vinculó con aquellas personas que compraron dólares o declararon Bienes Personales.
Así se determinó que unas 250.000 personas cobraban el Potenciar Trabajo y habían realizado las dos acciones mencionadas. Pero después se constató que, en algunos casos, la compra de dólares equivalió a U$S2, correspondiente al pago de servicios como Spotify o Netflix. Y en el caso de los rodados, muchos de ellos eran motos utilizadas como delivery.
Por esto mismo, la cifra podría caer en unos 100.000, dejando cancelados unos 150.000 planes. La tarea a realizar es corroborar cómo fueron entregados, y quiénes cobraban con la tarjeta, siendo titulares de la misma.
El avance de la auditoría está previsto para el 20 de diciembre, lo que estaría autorizando el pago para enero. Por lo que el juez Lijo requirió que el chequeo biométrico esté listo a más tardar para el 15 de diciembre.
La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social pronunció que se estarán dando de baja unos 20.410 planes sociales, debido a que no se estarían aplicando todos los criterios de incompatibilidades. Esto responde en parte a los reclamos piqueteros que se estuvieron dando en las últimas jornadas, por lo que la presión ejercida sobre el Gobierno no habría dejado que este último llevara a cabo lo previsto en un primer momento.