Roberto Pico
El balance de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández al frente del Poder Ejecutivo Nacional deja un saldo negativo en todas las variables económicas y sociales, pero lo que es peor aún las transfiere con una inercia regresiva que pone al borde del abismo a la sociedad en su conjunto.
Si bien es cierto que durante su período de gobierno sufrió dos catástrofes naturales como la pandemia y una de las peores sequías de la historia, la forma en resolver ambos problemas empeoró la situación.
Fernández tomó el control de la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2019 con un país con inflación alta, elevada pobreza, deuda agobiante, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incumplible, y un nivel de actividad estancado que había hecho escalar la tasa de desocupación. A este escenario había que sumarle el cierre de los mercados voluntarios de deuda que limitaba el acceso al crédito y sólo dejaba a la emisión monetaria como herramienta de financiamiento.
En diciembre de 2019 la inflación en la Argentina fue de 3,7%, con una tasa interanual de 53,8%. Fernández deja el gobierno y parte rumbo a España dejando una economía con una inflación mensual que estará cerca del 13% y una anual del orden de 150%. Diferentes estudio advierten que la dinámica que tomó este proceso puede provocar una nueva escalada en 2024 que la ubique por encima del 250%, bordeando la hiperinflación.
En este desbocado proceso existe un factor determinante que es la emisión monetaria. Fernández junto a su primer ministro de Economía, Martín Guzmán, y su sucesor, Sergio Massa, nunca dejaron de imprimir billetes. Así la base monetaria pasó de $ 1,8 billones a $ 6,5 billones en cuatro años.
Además de cubrir el bache fiscal, el presidente saliente utilizó este mecanismo para sostener los sueldos de los empleados en relación de dependencia durante la cuarentena por la pandemia, que al extenderse por seis meses demandó una emisión más allá de lo tolerable por la economía argentina.
Lo mismo sucedió durante el último período de Massa al frente del Palacio de Hacienda, quien en pos de ganar la elección lanzó una serie de estímulos económicos que elevaron el déficit fiscal primario (previo al pago de intereses de la deuda) a 2,9% del PIB, cuando el compromiso era alcanzar 1,9%.
El Gobierno de Cambiemos había dejado las cuentas públicas con un rojo primario de 0,4% del PIB. Pero si bien Macri estaba en camino de equilibrar el balance del Estado el precio fue una recesión y la actividad cayó 2% ese año, también afectada por una sequía.
En 2020, primer año de Fernández, la pandemia desplomó el PIB 9,9% y en 2021 logró recuperarse con un alza de 10,4%. En 2022 la expansión “punta a punta” fue de 5,2%, pero por lo que sucedió en el primer semestre ya que en la segunda mitad del año comenzó un nuevo retroceso que se extendió a 2023, otra vez impactada por la falta de agua en el campo. Según los analistas, este año cerrará con un retroceso de entre 2 y 3%.
La contrapartida del desequilibrio fiscal crónico fue el aumento de la deuda pública, que pasó de U$S 323.065 millones a U$S 410.221 millones entre 2019 y 2023. O sea, un incremento de más de U$S 87 mil millones, casi dos veces el préstamo que tomó Macri con el FMI en 2018.
Dada la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales, la mayor parte de esta deuda fue tomando en pesos a través de emisión. La deuda con el FMI prácticamente se mantuvo estable al pasar de U$S 43.080 millones a U$S 43.889 millones. Lo cual quiere decir que Fernández no le pagó un dólar al FMI del crédito que había tomado su antecesor.
Pese a ello, el Banco Central quedó al borde de la quiebra. Al asumir Fernández las reservas bruta ascendían a U$S 43.784 millones y a la fecha apenas superan los U$S 21.000 pero las netas son negativas en cerca de U$S 11 mil millones, con una deuda con importadores por U$S 60.000 millones (cabe aclarar que no es deuda de vencimiento inmediato).
El valor del dólar oficial pasó de $ 60 a $ 400, lo que equivale a un alza de 566%. En el mercado paralelo el último precio pagado fue de $ 990 contra $ 70, que marca un incremento de 1.314%.
En este escenario se disparó la pobreza. Según datos del INDEC al cierre del segundo semestre de 2019 el 35,5% de los argentinos no podía acceder a un mínimo de alimentos y servicios. La última cifra oficial del organismo refiere al primer semestre de 2023 y el porcentaje se elevó a 40,1%. Pero en las últimas horas la Universidad Católica Argentina (UCA) presentó su informe en el que indicó que el 45% de los ciudadanos es pobre y que si se excluyera a quienes reciben planes sociales la cifra se elevaría a 50%.
El único dato a favor de Fernández es la evolución de la tasa de desempleo. Macri dejó la tasa de desempleo en 8,9% de la población económicamente activa y al segundo semestre de este año era de 6,2%.
Sin embargo esta caída tiene una particularidad, la disparada de la inflación provocó que uno de cada tres trabajadores no pueda cubrir con su salario la canasta básica y es pobre, según los propios datos de la UCA.
Un desafío muy grande afronta desde el domingo Javier Milei.