Carolina Ramos
El oficialismo aún asimilaba el golpe que significó el rechazo al veto en discapacidad, cuando la oposición le dio otro fuerte revés en el Senado: aprobó un proyecto consensuado entre distintos bloques que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y le da más poder de control al Congreso. La reforma pone contra las cuerdas al presidente Javier Milei, que tiene minoría en ambas cámaras.
La iniciativa, que fue girada a la Cámara de Diputados, recibió 56 votos a favor (de Unión por la Patria, la mayor parte de la UCR y del PRO, Provincias Unidas y el bloque Por Santa Cruz) y 8 en contra (de La Libertad Avanza y sus aliados Carmen Álvarez Rivero, de Córdoba, y Francisco Paoltroni, de Formosa). Hubo dos abstenciones, de los “roviristas” misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Álvarez Rivero volvió a ser la única cordobesa que votó en contra de la iniciativa opositora. La schiarettista Alejandra Vigo votó a favor y fue la miembro informante, mientras que Luis Juez se ausentó para no incomodar al Gobierno. Lo mismo hicieron los radicales más “mileístas”: la santafesina Carolina Losada, el chaqueño Víctor Zimmermann y los mendocinos Mariana Juri y Víctor Zimmermann.
Aunque la oposición logró un fuerte gesto de presión, el oficialismo podría trabar la ofensiva en Diputados, donde ya hay un proyecto similar que está paralizado desde 2024. La Libertad Avanza preside la comisión que llevará la delantera del debate, la de Asuntos Constitucionales, por lo que el debate promete dilatarse hasta que se logre aprobar un emplazamiento desde el recinto.
Aún si la ley finalmente es sancionada, es casi un hecho que Milei la vetará. Aunque no tiene costo fiscal (el principal fundamento de sus vetos), la reforma amenaza a un gobierno que, hasta el momento, se las ingenió para gestionar evitando al máximo el Congreso, tanto a través de sucesivos DNU como de las facultades delegadas en la Ley Bases.
“Todos los gobiernos han utilizado los DNU. Justo ahora es cuando molestan”, ironizó el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), que preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. “Las leyes no son buenas cuando nos convienen y malas cuando no nos convienen”, agregó. Más tarde, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, denunció entre gritos que “le quieren quitar las herramientas al presidente para que avance con lo que los argentinos votaron”.
El proyecto que obtuvo luz verde establece que los DNU deben tratarse en el Congreso en un plazo de 90 días, o de lo contrario caerán. Actualmente, si los decretos no se tratan, quedan firmes, lo que se conoce como “sanción ficta”. Al poner un límite temporal al tratamiento, se refuerza el control de los legisladores sobre esta herramienta, que debería tener un uso excepcional.
Por otra parte, para ratificar un DNU será necesario el aval de ambas cámaras, mientras que para rechazarlo bastará con el voto negativo de una sola. A la inversa de lo que sucede hoy con la ley que fue ideada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner. Con la reforma, será más fácil para la oposición de turno rechazar un decreto, si junta mayoría en solo una de las cámaras.
Esto promete ser letal para La Libertad Avanza, que padece de una marcada minoría legislativa. Sin ir más lejos, esta gestión ya sufrió el rechazo de dos DNU. El primero, en 2024, fue el que aumentó de manera exponencial los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia. El segundo fue volteado la semana pasada y es el que desreguló la Marina Mercante.
Otra modificación es que los DNU solo podrán versar sobre una sola materia. Si abarcan más de una, deberán firmarse decretos separados. De esta manera, se evita que haya un DNU como el 70/23, que en el inicio de la gestión de Milei implementó reformas tan diversas como la derogación de la ley de alquileres, cambios en la legislación laboral, política de “cielos abiertos” y la desregulación del sistema de medicina prepaga.
Por otra parte, si un DNU es rechazado por el Congreso, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro análogo sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
El proyecto fue defendido por la cordobesa Vigo, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Sancionar esta modificación evita, en buena medida, la tentación de gobernar con la suma del poder público, extralimitándose el presidente en su accionar, independientemente de su signo político”, explicó la senadora de Provincias Unidas.
En ese sentido, dijo que el proyecto “viene a subsanar las dificultades que la misma ley ha producido, porque ha sido utilizada en muchos casos de manera abusiva”. También destacó que “invierte la lógica de la aprobación tácita mediante el silencio de las cámaras, y vigoriza el rol del Congreso regulando el trámite y los alcances de su intervención, a la vez que quita el privilegio del que gozan estos instrumentos de excepción con respecto a la ley”.
Otra cordobesa, Carmen Álvarez Rivero, se puso al hombro el rechazo. “Esta ley fue utilizada durante casi dos décadas por Cristina Kirchner y otros gobiernos. Gobernaron con estas reglas. Ninguno de los que hoy impulsan esta modificación pidió cambiar nada, como tampoco pidieron la emergencia en discapacidad. ¿La doble vara de la casta?”, se preguntó.
La aliada libertaria insistió en que “nunca cuestionaron estas normas mientras les servían para concentrar poder, pero ahora quieren cambiar las reglas porque no se bancan jugar con las mismas reglas”. El radical Martín Lousteau le salió al cruce con una chicana: “Lo último que me faltaba es que defienda una ley del kirchnerismo en nombre de la República”.