Edgardo R. Moreno
Cada semana, Sergio Massa celebra como un triunfo que sigue endeudando al país a una velocidad alucinante. Así como volvió de China con un acuerdo de renovación de un préstamo por 18.000 millones de dólares a una tasa de interés desconocida para el Congreso de la Nación, el ministro de Economía informó esta semana que consiguió el canje de deuda pública “más grande de la historia argentina” en el mercado doméstico. El diario español El País tradujo: “Argentina patea hacia delante deuda en pesos por casi 30.000 millones de dólares”. Los nuevos títulos vencen entre 2024 y 2025. Deberá pagarlos el gobierno que viene. Y en un alto porcentaje, al mismo sector público que tendrá que ajustar y conducir. La aceptación del canje vino en un 90% de organismos estatales y de los bancos locales que financian al Tesoro.
El descalabro de la deuda crece, mientras el Gobierno aguarda que el Fondo Monetario adelante desembolsos para evitar que el dólar vuelva a estallar en algún momento del calendario electoral. Es decir: a la espera de que el FMI agrave la situación del próximo gobierno, entregando ahora miles de millones de dólares para que la actual gestión los apueste en la ruleta de una nueva corrida cambiaria. Ese pedido de asistencia tendría mejores razones si el Gobierno estuviese empeñado en restringir la emisión y el gasto para facilitar las condiciones de la transición. Las expectativas de inflación que expresa el mercado indican que el ajuste de Massa es insuficiente o camina en sentido contrario. Los analistas que releva oficialmente el Banco Central elevaron 21,5 puntos la proyección de inflación para 2023. La inflación anual estará más cerca del 150% que del 126% que habían calculado hasta el mes pasado.
Massa integra el listado de ministros de economía argentinos derrotados por la inflación y ese fracaso bien podría explicar la crisis interna del frente gobernante, que no logra articular una oferta electoral competitiva. Sin embargo, en un ejercicio de prestidigitación notable, ha conseguido convencer a Cristina Kirchner y a los gobernadores justicialistas de todo lo contrario. La causa del fracaso antiinflacionario, según Massa, no es su programa económico, aplicado con facultades plenipotenciarias desde la renuncia a la gestión del presidente Alberto Fernández, sino la dispersión política del oficialismo, la proliferación de precandidaturas presidenciales, la obcecación de esos candidatos por competir en elecciones primarias.
Cristina Kirchner es la principal colaboradora de este curioso artificio discursivo. A la vicepresidenta le es funcional la mentira de Massa, porque de ese modo preserva la endeblez de su propio programa económico (que siempre fue un compendio de ideologismos inaplicables) y delega el fracaso inflacionario en un pragmatismo ajeno, al que apoya en la trastienda, pero admite a distancia. El semiólogo Eliseo Verón, supo describir un mito central de la narrativa peronista: el de la “llegada”. El peronismo siempre está llegando al poder. Cristina Kirchner diseña en estos días su propia prestidigitación, al límite de lo posible: necesita ocultar una salida con el mito de la llegada. En este caso, la de los hijos de la generación diezmada.
Extremos en tensión
Que en medio de una crisis terminal, el gobierno se encuentre navegando entre simulaciones y artificios, no es inocuo para el sistema político. Hay dos fragmentaciones en curso que atraviesan todo el espectro dirigencial. La primera divisoria es sobre las causas de la crisis: en las encuestas, más de dos tercios del electorado la atribuyen al modelo estatalista promovido durante dos décadas -con la ejecución o con la obstrucción- por el kirchnerismo declinante. La segunda división es menos nítida y atañe al diseño de recursos institucionales del próximo gobierno para enfrentar la crisis. Están los que impulsan construir desde ahora un acuerdo de gobernabilidad para darle soporte a la nueva gestión. Y están los que proponen hacerlo después de que las elecciones legitimen eso que anticipan las encuestas sobre las causas de la crisis.
En los sondeos preelectorales, el porcentaje de votos potenciales del actual oficialismo se ha reducido mucho, pero mantiene un piso resiliente. En las encuestas, el gobierno está mal; pero menos que en la gestión. Esto podría indicar la persistencia de un bloque de resistencia: un núcleo de votantes cercano al 25% que apoyaría cualquier oferta electoral que decida el Frente de Todos. Más dogmática, como representa Cristina; o más pragmática, como representa Massa. Esa base electoral se define mejor por el rechazo al adversario que por la adhesión a un programa propio. La persistencia de ese voto que se ha establecido en el extremo de la negación de la crisis ha sido proporcional al surgimiento de otro extremo: el que propone superar la crisis con metodologías entre fronterizas y ajenas a la pluralidad democrática. Cristina y Milei han tensado hacia los extremos.
La crisis de Juntos por el Cambio se inscribe en esa tensión ineludible y creciente. En la elección de 2019 las principales coaliciones se disputaban el centro político. Cristina Kirchner moderaba su propuesta armando fórmula con Alberto Fernández. Mauricio Macri le enviaba señales al peronismo no kirchnerista integrando a Miguel Piccheto. La crisis económica solo se profundizó desde entonces, favoreciendo la tensión a los extremos. Tan disruptiva y traumática es esa tensión que Juntos por el Cambio cruje entre dos modelos disímiles. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Elisa Carrió promueven armar ahora una coalición de gobierno con Juan Schiaretti y lo que pueda atraer en el peronismo disidente del oficialismo nacional. Mauricio Macri y Patricia Bullrich señalan que esa anticipación es una trampa: confunde la coalición necesaria para ganar las elecciones con un acuerdo de gobernabilidad posterior a las elecciones.
Ambos se acusan mutuamente de favorecer a un aliado en las sombras. Massa (y Cristina detrás) en un caso; Milei en el otro. Suena casi imposible que en esa atmósfera de suspicacias mutuas sobreviva indemne la affectio societatis.