Carolina Ramos
Con un nuevo guiño de último momento a los sindicatos, el gobierno de Javier Milei consiguió la aprobación en el Senado de la que calificaron como “la reforma laboral más importante de los últimos 50 años”. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acertó calculando reunir 42 votos positivos de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y senadores de bloques provinciales, entre los que cuenta a la schiarettista Alejandra Vigo.
¿La traicionó el subconsciente? El insólito error de Carolina Losada en el Senado
Aunque Bullrich había anunciado 28 modificaciones al texto para llegar al recinto con un acuerdo consolidado, en los pasillos y despachos del Senado siguieron las negociaciones a lo largo de toda la jornada. Como resultado, los gremios se llevaron otro gesto: la permanencia de la cuota solidaria que se le descuenta a los trabajadores de manera compulsiva. En la última redacción, se fijaba un plazo de vigencia de dos años, que ahora será eliminado.
La cuota solidaria, una de las principales “cajas” sindicales, mantendrá de todos modos el tope del 2% de la remuneración. Lo mismo sucederá con los aportes a las cámaras empresariales, que tampoco caerán en dos años, pero tendrán un techo del 0,5%.
Esas son, en principio, las únicas modificaciones nuevas que Bullrich tiene previsto anunciar minutos antes de la votación. Carpetas en mano, la líder de la bancada libertaria se cargó al hombro las negociaciones junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se instaló en el Congreso. Para el final de la sesión también se espera la presencia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.
Para la votación en general, Bullrich contó con los votos de los diez senadores radicales, los tres macristas, y los senadores que representan a los oficialismos de Chubut (Edith Terenzi), Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), Neuquén (Julieta Corroza), Salta (Flavia Royón) y Tucumán (Beatriz Ávila), dispersados en diferentes bloques. Se suma el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Unidad Federal.
El “poroteo” de Bullrich también incluye, sorpresivamente, a Vigo. Aunque la schiarettista aún no lo confirmaba, en el oficialismo confían en que la cordobesa aportará su apoyo en general, a pesar de que su voto no resulta decisivo. En cambio, se espera que rechace dos aspectos en particular: los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos, y la derogación de estatutos.
Por el contrario, Bullrich no se asegura el voto de dos santacruceños que se mueven de manera independiente, José María Carambia y Natalia Gadano: el primero aguardaba cambios para votar a favor. Con esos dos apoyos, la reforma laboral habría obtenido 44 votos, todos los del arco dialoguista.
El rechazo es monopolizado por el peronismo/kirchnerismo. A última hora de la tarde se confirmó que el interbloque comandado por José Mayans votará en contra de manera unánime. De esa manera, se despejaron las sospechas de un posible voto afirmativo del bloque Convicción Federal, donde hacen pie los gobernadores dialoguistas Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Puntos conflictivos
En el proyecto se mantiene afuera el artículo que autorizaba el pago de sueldos mediante billeteras virtuales, a pesar de que desde el PRO salieron a reclamar su inclusión. Sin embargo, el Gobierno abrirá una puerta: promoverá una circular del Banco Central estableciendo los requisitos que deberán cumplir las billeteras virtuales para demostrar su solvencia y poder hacerlo.
Por otra parte, no habría más retoques en los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que financiarán las indemnizaciones por despido. Bullrich había informado que las grandes empresas aportarán el 1% mensual de la masa salarial, y las MyPymes, el 2,5% (originalmente, todas las empresas aportaban el 3%). Se preveía una votación ajustada para ese Título, el II.
La oposición dura cuestionó que esos aportes se descuenten de la contribución al sistema previsional, que quedará desfinanciado. Pero además, los FAL serán administrados por entidades financieras y pasarán a formar parte del mercado de capitales. Lo que advierten es que se abre la puerta a un nuevo esquema de AFJP.
“Con el FAL pierden los trabajadores, que van a estar más sometidos al despido, porque estará subsidiado; pierden los jubilados, porque la plata de la ANSES va a estas administradoras privadas que la van a timbear y no se va a usar para pagar jubilaciones; y ganan las grandes empresas”, alertó el senador y abogado laboralista Mariano Recalde.
El legislador describió: “Una gran empresa que tiene 1.000 trabajadores, aportando el 1%, aporta el 1.000% por mes. En un mes ya tiene 10 sueldos para despedir a un trabajador con 10 años de antigüedad. ¿Quién se beneficia? Las grandes empresas. ¿Y quiénes son los premiados? Los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos, los vamos a investigar, y cuando volvamos al gobierno nos vamos a meter presos. Otra vez lo de las AFJP, no”.
Los ejes principales
El proyecto acordado en el Senado modifica numerosos aspectos del régimen laboral vigente hace décadas, con el supuesto objetivo de generar empleo formal. Entre los principales puntos, reduce el cálculo indemnizatorio, que ya no contemplará ítems como el aguinaldo y las vacaciones.
En cuanto a la negociación colectiva, prevalecerán los convenios por empresa sobre los convenios por actividad o rama. “Un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior”, dice el texto.
También se afecta la ultraactividad de los convenios colectivos: una vez que vencen, solo subsistirán las cláusulas normativas hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes.
Nancy Pazos se encadenó y amordazó en el Congreso durante la marcha contra la Reforma Laboral
El proyecto además establece “vacaciones más flexibles” (entre el 1ro de octubre y el 30 de abril del año siguiente, pudiendo acordar fuera de temporada y fraccionar con un mínimo de siete días); y habilita la posibilidad de que empleador y empleado acuerden regímenes voluntarios de banco de horas, de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro.
Asimismo, se amplía el listado de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental”, que en cada caso deberán garantizar una prestación mínima del 75% y 50% cuando haya huelga. Las fuerzas de seguridad siempre deberán cubrir el 100% del servicio, sin excepciones: con ese agregado se busca frenar conflictos policiales como el que actualmente atraviesa Rosario.
Los sindicatos podrán realizar asambleas “siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros”. Además, tendrán que pedir “autorización previa al empleador” para el horario, la duración, y su realización dentro del establecimiento. El trabajador no devengará salarios durante el tiempo que dure la protesta.