Roberto Pico
El pasado viernes, y a pocas horas de otra marcha contra su Gobierno, el presidente Javier Milei avanzó contra la financiación de los sindicatos al eliminar la intermediación de las obras sociales cuando los aportes de los trabajadores se derivan a empresas de medicina privada.
La alternativa de “saltear” a las obras sociales sindicales –que se quedaban con un porcentaje de los aportes de trabajadores y empresas- está en vigencia desde diciembre de 2024 como opción voluntaria, pero por resolución de la Secretaría de Salud desde ahora pasó a ser obligatoria.
El aporte al sistema de la salud por parte de los asalariados se compone de un 3% de su sueldo bruto, más un 6% por parte los empleadores. De esta forma se integra un monto que termina financiando a las obras sociales sindicales o prepagas.
En el caso que la prestación esté a cargo de una empresa, ese monto se descuenta del precio total de cada plan elegido. La diferencia la paga el trabajador, o el empleador, según sean las condiciones laborables establecidas.
El Gobierno entendió que facilitando la opción voluntaria de girarle directamente los fondos a las empresas de medicina privada (opción disponible desde diciembre) la mayoría de los trabajadores se inclinarían a realizar el trámite para pagar menos por la prestación final.
Sin embargo, desde el Gobierno aducen que fueron muy pocos los que tomaron este camino y sugirieron la existencia de algún tipo de acuerdo entre empresas y sindicatos para limitar el efecto de la medida.
Cabe apuntar que en los casos en que la diferencia la pagaban las empresas, estas no obtenían ningún beneficio y al no realizarse el cambio de modalidad mantenían una prenda de negociación con el sindicato.
Dado este escenario, el Ministerio de Salud publicó el viernes en el Boletín Oficial la Resolución 1/2025 por la que dispuso la obligación del giro directo a las empresas de medicina privada de los aportes derivados de los trabajadores. Se estima que el universo de asalariados involucrados se ubica entre 1.300.000 y 1.400.00 millones.
“Esto significa que se terminan los costos adicionales que solo existieron para que quienes no ofrecían ningún servicio de salud, se queden con una parte de los aportes y contribuciones de la gente”, señaló el ministro de Salud, Mario Lugones.
“De esta manera, los famosos ‘sellos de goma’, que solo subsistían producto de la intermediación, no podrán continuar con un negocio de más de $ 30.000 millones por mes”, señaló.
La información oficial no precisó cuántos trabajadores con prepaga son los pagan la diferencia, ya que solo a ellos tendrán algún rédito económico.
La resolución también indica que los trabajadores que por algún motivo prefieran recibir la prestación de la obra social intermediaria tendrán 60 días para comunicar esa opción mediante un trámite on line.
¿Respuesta a la CGT?
La decisión del Gobierno se conoció a pocas horas de la realización de una marcha convocada por su discurso en Davos, pero que finalmente adoptó un perfil más político.
Pese a que el fundamento de la protesta fue las interpretaciones sobre las expresiones contra la diversidad de género por parte de Milei, la CGT decidió participar de la convocatoria.
De allí que esta medida del Ministerio de Salud pueda interpretarse como una respuesta directa a esa presencia, porque aunque muchas obra sociales solo retenían para sí una porción de los aportes, las de mayor porte, y que a su vez tenían convenio con prepagas, ahora verán resentido seriamente sus ingresos.
Cronología de la puja por los aportes a salud
La puja por los aportes de los trabajadores al sistema de salud se arrastra desde hace décadas. La posibilidad de derivar aportes a una prepaga a través de obras sociales fue una de las reformas que introdujo el gobierno de Carlos Menem.
Los sindicatos siempre la combatieron dado que los afiliados de mayores ingresos preferían pagar la diferencia y así obtener servicios de empresas de medicina privada. Esto dejaba a los sindicatos con una porción alta de trabajadores con ingresos menores que además requerían de más prestaciones.
En la presidencia de Alberto Fernández los gremios consiguieron frenar parcialmente la sangría cuando se dispuso que para elegir la opción de derivación a prepaga, los nuevos trabajadores debían permanecer al menos un año en su obra social de origen.
A partir de ahora la desregulación es plena, aunque cabe apuntar que no todas las empresas de medicina prepaga podrán recibir los aportes, dado que para ello previamente deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro.
Qué cambia en la práctica
Para saber en qué situación está, cada trabajador deberá interiorizarse de cómo es su afiliación al sistema de salud. Solo tendrá un cambio si le llega una factura de una medicina prepaga por la diferencia entre aportes que realiza y el valor de su plan.
“Producto de esta decisión, estamos convencidos de que verá una disminución en el valor de la cuota de su prepaga en los próximos meses”, afirmó Lugones.
Si ya realizó el trámite para giro directo como dispuso la norma de diciembre, su factura final seguirá con el mismo tratamiento. Pero si no realizó ese cambio, debiera ver reflejado un aumento en su aporte y por ende un menor precio en el valor final a pagar.
Si la prestación de salud es un beneficio que otorga la empresa, tampoco verá cambios. Y lo mismo sucede si es atendido directamente en los centros de la obra social de su rama laboral.