Roberto Pico
La reforma laboral será presentada por el Gobierno nacional para que sea tratada durante las sesiones extraordinarias, pero llegará al debate sin consenso a partir del rechazo que ya adelantaron líderes sindicales.
En la Casa Rosada señalan que la norma podría ser presentada el 9 de diciembre para acelerar la discusión, seis días antes de la fecha que se había indicado semanas atrás y que aún es la que se maneja en la agenda parlamentaria.
Este miércoles se realizó la última reunión del Consejo de Mayo, durante la cual el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, dio a conocer en forma oficial los lineamientos generales del proyecto, pero sin ofrecerles a los integrantes del cuerpo el texto definitivo.
Tal como anticipó ayer La Voz, el gobierno mantiene encapsulada la redacción de la norma y por ende no hay opción de debate público.
De la reunión que se realizó en la Casa de Gobierno, además de Sturzenegger, participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; por las provincias, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; por el Legislativo federal, la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo: Además, por el sector empresario estuvo el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y por los sindicatos, el dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez.
La reunión se extendió por más de dos horas y a la salida del encuentro fue Martínez quien expresó las principales quejas.
Así, el saldo del Consejo de Mayo deja un resultado negativo porque no logró un consenso a partir de que gobierno impidió el acceso a los fundamentos de su propuesta.
“El Consejo es un cuerpo consultivo, pero no vinculante”, aclaró Martínez, pero enfatizó que el sector de los trabajadores “no está de acuerdo” con el enfoque que le está dando el gobierno a las modificaciones en el ámbito del trabajo.
“No hubo precisiones, pero observo que hay una posición ideológica en los fundamentos que declara el gobierno”, señaló en diálogo con periodistas acreditados.
Martínez puso especial énfasis en dejar claro que la exposición que dio Sturzenegger solo fue de títulos generales. Entre ellos se destacan la denominada ultra actividad de los convenios, el financiamiento de sindicatos y cámaras, un nuevo tratamiento de derechos colectivos e individuales, la democracia sindical y el fondo de cese.
“Sobre la base de lo conocido, no estamos de acuerdo”, recalcó Martínez y consideró que para encarar este perfil de reforma primero se debe discutir un modelo económico que apunte a la producción y el desarrollo económico que apunte a la producción y a la generación de empleo.
La reforma que está ideando el gobierno tiene un especial sesgo en limar el poder de los sindicatos y le apunta a dos aspectos claves: la elección de autoridades y el dinero que fluye desde los salarios de trabajadores hacia la representación gremial.
Martínez consideró que “dentro de un período democrático sería positivo” que el gobierno convoque a los sindicatos para una discusión de este estilo, pero aclaró que no hubo ninguna invitación en ese sentido.
Ante las disidencias, Martínez evaluó que hablarán “con gobernadores, diputados y senadores para que la ley no sea aprobada en el Congreso”.
Luego de la reunión del Consejo y de las fuertes declaraciones, Martínez se dirigió al despacho del asesor, Santiago Caputo, pero tras ese encuentro revalidó sus dichos.
Por su parte, el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, se sumó al rechazo de la reforma laboral y afirmó que las organizaciones de trabajadores son el “último refugio de la nacionalidad argentina y la soberanía política”.
Al hablar en un evento interno, aseguró que “los gremios no somos una traba para el desarrollo argentino”.
Con este telón de fondo el proyecto llegará al Congreso, donde el oficialismo está buscando fortalecer su posición mediante la cooptación de nuevos legisladores para resistir las disidencias.
Desde el lado industrial no hubo declaraciones y aguardan conocer el texto para pronunciarse. El capítulo de las indemnizaciones y la financiación del Fondo de Cese es uno de los capítulos centrales para los empresarios. Pero también apuntan a la justicia, por la aplicación de las multas ante un despido, las actualizaciones de los montos, y las diferentes interpretaciones para definirlos.
En ese sentido, la idea del gobierno es definir un sistema de bandas para que un empresario pueda establecer cuánto le puede insumir un despido.
Primera reunión de gabinete
Previo al Consejo de Mayo se realizó la primera reunión de gabinete en la que participaron los nuevos miembros: Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad y Carlos Presti como ministro de Justicia, quien participó con su uniforme militar.
En la nueva dinámica gubernamental, las reuniones de gabinete podrían realizarse cada 10 días y en algunos casos sin la presencia de Milei.
La intención es que exista una mayor participación de los ministros dando a conocer los movimientos de cada una de sus áreas y mejorar la articulación entre ellos.