Carolina Ramos
El laberinto de la Unión Cívica Radical parece sumar cada vez más bifurcaciones en el Congreso. En el Senado, el titular del partido, Martín Lousteau, critica la “ley Bases” prácticamente en soledad mientras la mayoría del bloque trabaja para corregir el proyecto y colaborar con el Gobierno. Y en la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada, Rodrigo De Loredo, pilotea otra interna en la discusión por el presupuesto universitario.
En la Cámara Alta, la UCR hizo trascender un acuerdo para votar en conjunto a favor de la “ley ómnibus” en general, con diferencias en particular. Pero Lousteau no tiene decidido su voto y espera que el Gobierno no solo le acepte cambios de fondo, sino que además incorpore agregados pretensiosos, como una recomposición a jubilados, una actualización de los fondos universitarios y la continuidad de la obra pública con cierto grado de avance.
Mientras Lousteau arremete con críticas en cada plenario de comisiones (sus objeciones principales son al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, al blanqueo y a los cambios en Bienes Personales), en su bloque la mayoría repite el trabajo hecho en Diputados: negocia modificaciones y hasta colabora en la redacción. En esa tarea están embarcados el jefe de la bancada, el correntino Eduardo Vischi, y sus pares Víctor Zimmermann (Chaco) y Mariana Juri (Mendoza).
En la composición del bloque radical tienen peso los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), que a principios de mes fueron a reunirse con los senadores en busca de un consenso mínimo para acompañar la ley. Todas las señales de Lousteau van en contrario.
“Ya es una obviedad que la postura de Lousteau es a título personal. No es la postura de la mayoría de los radicales. Es absolutamente errada y lleva al radicalismo a un lugar donde no tendría que estar. Y es contradictoria con nuestro electorado, que nos está pidiendo, con algunas reservas, que acompañemos a (Javier) Milei”, dijo a este medio un legislador alejado del presidente de su partido.
A Lousteau, además, le preocupan los insultos que el presidente suele proferir hacia los legisladores. El economista estaba pendiente del discurso de Milei en Córdoba por el 25 de mayo. En Diputados, en cambio, los agravios no movieron el amperímetro: la oposición “dialoguista” igual garantizó los votos.
La interna en Diputados
En Diputados promete abrirse otra pelea que ya tiene fecha: 4 de junio. Unión por la Patria pedirá sesionar ese día para tratar los dictámenes firmados el jueves sobre financiamiento universitario. La jugada, anunciada por el jefe del bloque, Germán Martínez, pone en aprietos a la UCR, que rubricó su propuesta junto a otras fuerzas y ahora debe definir si se suma a la movida kirchnerista.
Al día siguiente del plenario de comisiones, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció una convocatoria a las autoridades del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), que preside Víctor Moriñigo (rector de la Universidad Nacional de San Luis) para discutir el próximo lunes la actualización del presupuesto 2023/2024.
La postura de De Loredo es que si hay “fumata blanca”, ya no sería necesaria una ley. El cordobés cree que si los rectores acuerdan con el Gobierno, la batalla habrá sido ganada, puesto que la ley solo se aplicaría por este año, hasta que se sancione el Presupuesto para 2025. “Si llega una solución el lunes con un monto que conforme a las universidades, tema resuelto por este año”, explican en el entorno del cordobés.
No obstante, los sectores disidentes a De Loredo y menos dispuestos a colaborar con Milei no creen lo mismo. Son los diputados de Evolución Radical, identificados con Lousteau y Emiliano Yacobitti (vicerrector de la UBA), y los liderados por el neurocientífico Facundo Manes. Juntos, son entre 15 y 16 diputados de los 34 totales.
“Si hay sesión, yo bajo”, dijo a este medio un diputado de uno de esos sectores, y afirmó que los rectores manifiestan que “tener una ley les da una red de contención”. En el mismo sentido se expresó otra fuente consultada: “La versión que nosotros construimos para bajar al recinto es que esto quede establecido por ley, para terminar con cualquier animosidad de trampa”.
El argumento de los legisladores que reniegan de la conducción de De Loredo es que no tiene asidero haber impulsado una sesión para emplazar a las comisiones, haber firmado un dictamen y luego no dar quórum. Creen que la ley es una garantía para los rectores, porque supone un ajuste bimestral de los fondos hasta fin de año. “Sin esta ley, queda todo a discreción de Pettovello”, advierten.