Ezequiel Alippe
Nicaragua fue condenado por la Argentina frente la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la persecución que se produce en el país centroamericano a la iglesia, a la prensa y también le pidió por la liberación de presos políticos.
La condena se produjo junto con Estados Unidos y Chile. Pero el embajador argentino, Carlos Raimundi, no formó parte de la cita diplomático, por no compartir los postulados de la Cancillería. Su lugar fue reemplazado por la representante alterna ante la OEA, María Cecilia Villagra.
El hecho se dio en la sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, que tuvo lugar este viernes en la sede de Washington. La votación tuvo un resultado de 27 votos a favor, uno en contra (San Vicente y Granadina), cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, México y Honduras) y dos ausencias (Nicaragua y Colombia).
Alberto Fernández buscó tener una posición en común con Chile y Perú
El Presidente le solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, que acuerde un punto en común con Chile y Perú respecto de la resolución que aprobó la OEA.
La posición de la Argentina respecto de Nicaragua ya había quedado marcada luego de que se conocieran los resultados de las elecciones en el país que preside Daniel Ortega. El mismo 8 de octubre de 2021, Cafiero publicó un tuit haciendo referencia a que: “Expreso mi preocupación ante la detención de dirigentes opositores, así como la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población”.
La resolución de la OEA contra Nicaragua
Los aspectos más importantes de la resolución plantean una condena enérgica ante el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales en el país y también el repudio al hostigamiento de organizaciones religiosas y los críticos al gobierno.
También se hace foco en que Nicaragua libere de forma inmediata a los presos políticos, mientras que se abstenga de perseguir a la prensa independiente. Aquí focalizan la necesidad de garantizar la libertad de expresión.
Por último, ofrece al Consejo Permanente para que trabaje palmo a palmo con el gobierno nicaragüense, a fin de que se adhiera a las Cartas rectoras de la OEA, rigiéndose en el derecho internacional.