Carolina Ramos
Silvio Robles, el principal colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, denunció este martes en el marco del juicio político al máximo tribunal que “han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, pero se negó a responder si conoce al exfuncionario porteño Marcelo D’Alessandro, con quien advierten que habría negociado un fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires.
Robles, uno de los testimonios más esperados en la Comisión de Juicio Político, alertó que los diputados oficialistas buscan “atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia”, en relación a Rosatti, y de entrada anunció que se abstendría de contestar “toda pregunta que pueda vincularse con las acusaciones” en su contra.
Así se expresó en un escrito que leyó antes de ser sometido al interrogatorio del Frente de Todos, en una muy tensa reunión en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados. El secretario general de la Vocalía de Rosatti dijo que conoce al juez desde que era ministro de Justicia de Néstor Kirchner y aclaró que mantiene con él una relación “funcional”, aunque le dedicó elogios.
Robles fue citado porque el oficialismo sospecha que negoció con el gobierno de la Ciudad, en chats filtrados con el exministro D’Alessandro, la medida cautelar dictada a fines de 2022 que ordenó girarle a ese distrito el 2,95% de la coparticipación federal por la transferencia del servicio de seguridad desde la Nación. Un porcentaje que, para el Frente de Todos, fue determinado “sin una pauta objetiva”.
D’Alessandro también había sido citado como testigo para este martes, pero el lunes a última hora informó que no podría asistir “por cuestiones personales” y pidió reprogramar su declaración. El exfuncionario había pedido licencia en el cargo a principios de enero, cuando salieron a la luz las conversaciones con Robles y el 22 de marzo finalmente presentó la renuncia en medio de una fuerte presión.
Chats filtrados y preguntas sin responder
La cuestión de los chats fue el tema caliente de la reunión. “Han dado como ciertos y legítimos chats cuya veracidad debe ser discutida judicialmente”, advirtió Robles en el escrito. Cuando el oficialista Leopoldo Moreau le preguntó directamente si conocía a D’Alessandro, el testigo se negó a contestar.
“Hay cuestiones que están judicializadas”, se excusó, amparándose una y otra vez en el artículo 18 de la Carta Magna, que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. “No soy abogado, vine como testigo”, agregó ante la insistencia de los legisladores del oficialismo, que lo calificaron como “un testigo manifiestamente reticente”.
Para sumar presión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo que su secretario leyera los chats en la cara del propio Robles, quien permaneció en todo momento cruzado de brazos y dijo haber sido “hostigado” y “discriminado”.
Otra de las preguntas que Robles rechazó contestar fue si, como difundieron distintos medios periodísticos, llegó junto con D’Alessandro al festejo de cumpleaños de Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad, en el restaurant “El secreto” del hotel Four Seasons.
Robles también se amparó en el reglamento de la Justicia Nacional para negarse a responder si, como declararon otros funcionarios judiciales, suele transmitir instrucciones a otras vocalías en nombre de Rosatti y si ordenó eliminar el correo electrónico de Rosatti pidiendo que le enviaran a él la correspondencia.
Ante la resistencia de Robles a responder, el oficialismo aprobó en el final de la reunión, con mayoría propia, pedirle a la Corte que releve a Robles del deber de cumplir con el secreto establecido en ese estatuto.
Lo que sí confirmó Robles, y para el oficialismo constituye una prueba importante, es que participó de una audiencia de carácter reservado entre el Gobierno nacional y la Ciudad por la coparticipación, donde estuvo ubicado en el sector reservado para los representantes porteños. Robles no figuraba en el acta y su presencia fue dada a conocer por la entonces secretaria de Provincias, Silvina Batakis.
Otros testigos
La comisión volverá a citar a D’Alessandro para las próximas semanas y también pospuso la realización de una pericia de voz del involucrado para cotejar con los audios de los chats. Esa medida de prueba, aprobada en la última reunión, volvió a ser rechazada por Juntos por el Cambio. “No van a subsanar una prueba obtenida ilegalmente con una pericia”, advirtió Juan Manuel López (Coalición Cívica).
En otro tramo de la reunión fue interrogado el contador Alejandro Otero, quien participó del debate parlamentario de la ley de transferencia de las competencias a la Ciudad. El testigo advirtió que en la cautelar de la Corte que ordenó un giro del 2,95% de la coparticipación a la Ciudad “no hay un cálculo de por qué ese es el coeficiente”.
Lo dijo ante una pregunta del entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), quien advirtió que ese porcentaje es “injustificado” y “arbitrario”, y que se trata “un monto intermedio entre la pretensión de la Ciudad y lo que establece la ley sancionada por el Congreso”.
Por el contrario, el diputado larretista Álvaro González salió en defensa de la medida de la Corte, al señalar que “no le sacó un solo peso a las provincias para transferirle a la Ciudad, porque la Policía Federal estaba financiada por el Estado Nacional, y como no tiene más ese gasto, le transfiere los recursos a una jurisdicción”.
Otro testigo que declaró este martes fue Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, por donde tramitó la polémica cautelar.