Claudia Mercado
A raíz del recorte en el plan Potenciar Trabajo tras registrarse irregularidades, la Unidad Piquetera y la UTEP protagonizan una nueva grieta. Sucede que la primera acusa a la segunda, más cercana al Gobierno, de verse benefiada con la reducción de los planes.
El pasado miércoles, la Unidad Piquetera, que reúne al Polo Obrero y Barrios de Pie, marchó a la sede del Ministerio de Desarrollo Social. El reclamo giro en torno que los beneficiarios suspendidos no pudieron acceder a la auditoría y exigen que todos los afectados por las suspensiones sean citados en sus distritos para poder revertir la situación. Por otro lado, insisten con la necesidad de abrir nuevos cupos para planes sociales y un aumento que cubra la canasta básica.
Ante este escenario, el próximo lunes las organizaciones piqueteras definirán el plan de lucha a implementar. Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, adelantó que podrían realizar un acampe y una protesta nacional con cortes de ruta. Para desistir de esta idea, esperan ser recibidos por la ministra Victoria Tolosa Paz en los próximos días.
El conflicto surge porque los cuatro movimientos que conforman la UTEP tienen a sus líderes o a referentes en áreas clave del Ministerio de Desarrollo, que están a cargo del movimientos de fondos del Potenciar Trabajo y para las cooperativas.
En noviembre, a través de un decreto de Alberto Fernández, el Ejecutivo dispuso que ya no pueda ampliarse el número de titulares de programas como el Potenciar Trabajo y estableció que el “ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital”.
Qué plantea la Unidad Piquetera
“El lunes nos reunimos con Pérsico. Defendió lo que está haciendo el Ministerio y que la plata vaya a las cooperativas. Las organizaciones de la UTEP son las que tienen la mayoría de las cooperativas. Nosotros no cambiamos compañeros por plata”, dijo Belliboni. Emilio Pérsico encabeza el Movimiento Evita, que está dentro de la UTEP.
Y agregó: “No estamos en contra de que las cooperativas reciban recursos y herramientas, pero cómo le vas a sacar a los beneficiarios del programa que son los que menos tienen. No creemos que sea una cuestión de corrupción, es una cuestión de redireccionamiento de recursos: ‘En vez de que la plata vaya a gente que no tenemos idea quiénes son, que mejor vaya a nuestra cooperativas’”.
Por trabajar en Unidades de Gestión -en gran medida cooperativas-, los beneficiarios del Potenciar Trabajo reciben la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que desde febrero será $67.743: es decir, $33.871. Según la Unidad Piquetera, a partir de la baja de 154.441 planes, el Estado ahorrará unos $5200 millones, que irán destinados a la compra de herramientas o “bienes de capital” para esas unidades de gestión.
Qué respondieron desde las organizaciones oficialistas
“Es muy sencillo: no hay ningún ajuste en los fondos. El Potenciar Trabajo no es una transferencia de dinero sin contraprestación. Una parte se va a revincular al esquema productivo y lo que no se revincule van a ser parte del fondo de la política social”, argumentó Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie, a TN.
“Son un sinsentido los cuestionamientos públicos, sobre todo cuando se ha instalado un fuerte desprestigio de la política social. Nosotros estamos de acuerdo con una política social que audite y con la transferencia de recursos que hoy no forman parte del esquema de contraprestación para fortalecer las unidades productivas en las que trabajan 1.200.000 de beneficiarios del Potenciar Trabajo”, expresó.
En el MTE, conducido por Juan Grabois, también defendieron las medidas. “Los casos que no debieron suspenderse se van a corregir. Nosotros hemos manifestado nuestras diferencias muchas veces, pero la validación de identidad fue bastante masiva. Las críticas de la Unidad Piquetera son un intento de llevarnos a la calle de mala manera”, señalaron.