Javier Álvarez
Una de las más profundas crisis económicas y sociales en la historia del país parece haber marcado a fuego a un electorado que ayer le envió un mensaje tan claro como contundente al Gobierno del Frente de Todos: no hay acto de fe posible ante el tamaño de esta tragedia.
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La administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner venía jugando con la idea de pedir un acto de fe al electorado, afirmando que lo peor ya pasó y prometiendo que todo lo que viene por delante es mejor. La mayoría no lo creyó de esa manera.
“La vida que queremos”, fue un eslogan de campaña que en parte proponía como punto de partida el escenario previo al Covid-19. Un esfuerzo discursivo denodado y repetitivo que no solo no alcanzó sino que voló por los aires y obliga al Gobierno a rever todo.
Los ciudadanos agudizarán la vista desde el minuto uno del día después: el Gobierno está obligado a dar una respuesta madura y serena a la situación, porque lo contrario sólo generará más aversión popular y golpeará a la propia gobernabilidad.
Dos alternativas quedan sobre la mesa: el Gobierno se radicaliza o mejora la moderación que Fernández ha intentado sin éxito ante críticas muy duras del cristinismo. Las dos plantean desafíos muy grandes para la salud de la coalición política.
Parte de la madurez que debería mostrar el Presidente pasa por mantener la lógica con la que ha iniciado el año de ir reduciendo el déficit fiscal por la vía de los mayores ingresos pero también de un gasto más acotado respecto de 2020. Lo contrario sería un revoleo de recursos para intentar mejorar la performance electoral hacia noviembre.
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Asimismo, también se verá ahora en si en el seno del poder deja de primar el internismo sobre quién tiene razón y se impone una cohesión que permita a la opinión publica mejorar en algo la visión que tiene sobre la salud de la coalición de gobierno y proyecto de país.
El borrón del “paquete Covid-19” de las cuentas públicas para el 2021 ha desatado debates muy fuertes en el seno de la gestión y se ha elevado la tensión a un punto que demandó un diálogo de varias horas en Olivos entre Fernández y la vicepresidenta, quien no pierde oportunidad en cualquier acto público para castigar funcionarios y mostrar que es quien realmente define el rumbo.
Si bien se eligen cargos legislativos, estas elecciones primarias y las que vienen en noviembre resultan plebiscitarias para la gestión de Fernández, que de casi veintidós meses de
vida lleva diecinueve en pandemia.
En un año y medio hubo 113.402 muertes notificadas por Covid-19; la economía ha caído 9,9% del PIB; la inflación se disparó al 51,8%; el desempleo superó el 13%, alcanzando el nivel más alto en quince años y la pobreza saltó al 42%, entre otras calamidades.
Unas 22.394 empresas privadas han bajado sus persianas en la Argentina desde el desembarco del Covid-19 y no hay señales aún hoy de que eso vaya a revertirse. La reactivación comenzó, pero los números siguen siendo los de una economía de guerra.
En la discusión sobre si la culpa es de la pandemia, de la cuarentena o en parte del macrismo por el tamaño de la crisis que le ha dejado a la Argentina en 2019, el electorado dio un veredicto y mayoritariamente hizo cargo a alguien: el Frente de Todos.
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La derrota del oficialismo tiene varios nombres y apellidos: al Presidente se suma todo su Gabinete; Cristina Kirchner; y la tercera pata de la coalición, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Pero la derrota también tiene circunstancias: decisiones confusas en la gestión de la pandemia; una pésima comunicación oficial; salarios y jubilaciones más chicos en términos reales que cuando se fue el macrismo; y señales contradictorias en la política económica.
Entre esas circunstancias, también hubo otros errores no forzados como la flagrante violación de un DNU por parte del propio jefe de Estado con la celebración de un cumpleaños en Olivos mientras quienes perdieron un familiar no tuvieron siquiera la posibilidad de un velorio.
Tal fue el revés para el Frente de Todos que la mayoría volvió a apostar por una propuesta política a la que una crisis financiera le estalló en las manos en abril de 2018 por una gestión económica atroz, que se espiralizó por decisiones de la propia administración de gobierno.
Al peronismo unido -con los dientes más o menos apretados- le ha ido peor esta vez que a Cristina Kirchner cuando en el 2017 fue derrotada por la lista que encabezó Esteban Bullrich. Por ese entonces se hablaba de una casi certera reelección de Mauricio Macri.
El oficialismo ha perdido incluso en la provincia de Buenos Aires, distrito al que vía subsidios y asignaciones específicas más recursos le ha volcado en términos incrementales desde que volvió al poder.
Fernández viajó a varias provincias durante la campaña, pero su centro de gravitación estuvo en Buenos Aires y, al menos por ahora, todo indica que seguirá allí de cara a noviembre, donde están cuatro de cada diez votos de la Argentina.
Es el bastión que, a fuerza de votos venía dándole resguardo político a Cristina y la posibilidad al kirchnerismo de volver a gobernar. Ahora todo lo que hay son interrogantes.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.